Puerto Morelos, Q. Roo. — El reciente cateo en un predio de la Ruta de los Cenotes ha vuelto a poner bajo la lupa una vieja práctica en Quintana Roo: la venta irregular de terrenos ejidales o nacionales, disfrazada de “oportunidades de inversión” para vivienda o descanso, pero sin garantías legales para los compradores.
Cómo operan estas redes
El esquema es conocido: fraccionadores identifican amplias extensiones de tierra con estatus ejidal o nacional, las dividen en lotes y las venden directamente, sin escrituras ni certeza jurídica, utilizando contratos privados que, en la práctica, no ofrecen respaldo legal.
Con frecuencia, estos desarrollos carecen de permisos de impacto ambiental, licencias de construcción o factibilidad de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje.
Para atraer clientes, las ofertas incluyen precios bajos, facilidades de pago y la promesa de “escrituración futura”, algo que en la mayoría de los casos nunca se cumple.
Un mercado con víctimas invisibles
Quienes adquieren estos terrenos —muchas veces familias de fuera del estado o incluso extranjeros— descubren con el tiempo que no pueden registrar la propiedad a su nombre, que su lote está en zona de reserva, o que enfrenta litigios por su origen ejidal.
En algunos casos, los compradores terminan perdiendo su inversión cuando autoridades federales o estatales clausuran las obras o aseguran los predios, como ocurrió en el operativo más reciente.
Personajes y protección política
La referencia extraoficial a Lourdes Betancourt como presunta propietaria del predio cateado refleja el posible involucramiento de figuras con conexiones políticas o empresariales que han operado con impunidad durante años.
Se habla de protección de autoridades pasadas que permitió que esta actividad creciera, no solo en Puerto Morelos, sino en otros municipios de la Riviera Maya.
Señal de un cambio de estrategia
La acción coordinada entre la FGE, Semar y Guardia Nacional envía el mensaje de que el Estado pretende frenar el despojo y la depredación ambiental en la Ruta de los Cenotes. Sin embargo, especialistas advierten que para desmantelar estas redes será necesario un trabajo de inteligencia financiera, seguimiento a la cadena de comercialización y protección a los compradores afectados para que no carguen con las consecuencias de un fraude que no provocaron.
