Ciudad de México / Monterrey.— La red de intereses que rodea a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo México, se hunde cada vez más en un escándalo que mezcla negocios millonarios con actividades criminales. Documentos oficiales revelan que su empresa de seguridad privada recibió más de 300 millones de pesos en contratos de la Fiscalía General de la República (FGR), aun cuando él y sus socios estaban señalados por operar una estructura dedicada al huachicol, tráfico de armas y lavado de dinero.
La compañía beneficiada, Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), obtuvo al menos 30 contratos federales entre 2020 y 2022 para resguardar instalaciones de la FGR en todo el país. La magnitud de los convenios contrasta con las denuncias que ya entonces apuntaban a que su red estaba detrás del contrabando de combustible, la rematriculación ilegal de armas y la protección a células criminales.
Entre los implicados figura Jorge Enrique Alberts Ponce, cercano a Rocha Cantú y señalado por coordinar la introducción y “legalización” de armamento que posteriormente acabó en manos de grupos criminales. La relación entre ambos empresarios no era solo de negocios lícitos: investigaciones federales indican que su estructura facilitaba armas “registradas”, imposibles de rastrear, a organizaciones con presencia nacional.
El caso estalla en el peor momento para el empresario, quien apenas semanas atrás aceptó convertirse en testigo protegido para intentar evitar una orden de captura por delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de combustibles. La protección otorgada por la FGR ahora es cuestionada: ¿cómo explicar que una misma institución contratara por cientos de millones a una empresa involucrada en actividades criminales? ¿Fallaron los filtros o alguien decidió ignorarlos?
El colapso institucional se evidencia también en el hecho de que otras dependencias federales entregaron contratos a la misma empresa, sin advertir (o sin importarles) las denuncias existentes. La red de Rocha Cantú penetró áreas que debían ser las primeras en detectar riesgos, como aduanas, seguridad pública y procuración de justicia.
La situación jurídica del empresario continúa en evolución, pero lo que ya quedó claro es que este caso va más allá de un proveedor cuestionado: expone las grietas por donde el crimen organizado se cuela en el Estado, disfrazado de proveedor, empresario o “inversionista exitoso”.
Lo que inició como un escándalo alrededor del dueño de Miss Universo hoy se ha convertido en un símbolo del riesgo de corrupción, la falta de controles en la seguridad privada y la facilidad con la que estructuras delictivas operan bajo contratos públicos. Y mientras las autoridades insisten en que “todo se investigará”, la pregunta persiste:
¿Quién permitió que una red criminal fuera financiada con dinero del Estado?
