El titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Montes de Oca, informó que de 2016 a la fecha el número de personas desaparecidas en la entidad suma 163; el año con más casos fue 2021 con 47.
Detalló que en 2016 se reportó la desaparición de ocho personas, 15 en 2017, 16 en 2018, 34 en 2019, 28 en 2020, 47 en 2021 y 15 en lo que va de 2022.
En este punto, señaló que la cifra que manejan diversos colectivos, de dos mil personas desaparecidas, no es real y se le da una lectura incorrecta, ya que una gran parte se trata de no localizables, que en su mayoría ya regresaron a su domicilio.
Explicó que el término no localizables se refiere a personas que se ausentan de su domicilio por voluntad propia sin un contexto de violencia, o cuando uno de los padres retiene a sus hijos sin el consentimiento de la otra parte, pero que sus familiares los buscan a través de la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte, se considera que una persona está desaparecida cuando no se fue por propia voluntad y hay indicios de que pudo ser víctima de la comisión de un delito.
Al referirse al caso de la adolescente Chantal Itzel, por quien se había activado una Alerta Amber, dijo que se trató de una ausencia voluntaria, y de acuerdo con las primeras investigaciones, ella regresó a su casa por propia voluntad; la familia reportó a la Fiscalía que ella había regresado.
Agregó que en el caso de Elsa Yolanda, de quienes sus familiares desconocían su paradero, ocurrió lo mismo, es decir, fue una ausencia voluntaria.
“Se hacen las búsquedas correspondientes, un despliegue operativo, un rastreo remoto, búsqueda individual, inmediata y general, agregó.
Asimismo, indicó que de 2020 a la fecha se han realizado alrededor de siete mil operativos de búsqueda de personas no localizables y de reportadas como desaparecidas.
“Debemos ser muy cuidadosos en este tipo de reportes, para no involucrar a quienes no tienen que ver en delitos, el gran número de personas no localizables atiende a temas de matrimonios que se separan, entran en conflicto, se llevan a los niños, eso implica que alguno de los padres haga un reporte de Alerta Amber o Protocolo Alba que nosotros, cualquiera que sea la circunstancia, tenemos la obligación de dar inicio y subir la alerta como lo mandata la Ley”, aseveró.
Con relación a la mujer extranjera que denunció la desaparición de sus hijos, dijo que la situación tiene que ver con un conflicto con el padre de los niños, quien los tiene retenidos, lo que motivó la protesta, justificada, de esta persona.
“Ya estamos revisando que el juez familiar haya ordenado la restitución a ella de los niños. Ella dice que hubo una petición de dinero (para emitir la Alerta Amber), ya se está llevando a cabo la investigación, la abogada es esposa de un Ministerio Público, precisamente quien lleva la carpeta de investigación, ese contexto le da un trato irregular, un conflicto de intereses y tal vez esto derive en esta mala interpretación de que se hace una petición de dinero”, indicó.
Montes de Oca Rosales agregó que se inició el procedimiento administrativo correspondiente para aclarar esta situación y en breve recibirá a la mujer para escucharla directamente y saber en realidad lo que sucedió.
