Ciudad de México.— El caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna tomó una dimensión todavía mayor. Antes de ser trasladado desde Argentina a México, el marino señalado como presunto operador de una red de huachicol fiscal sostuvo reuniones con agentes del FBI y de la DEA, según reveló su abogado, un episodio que abre interrogantes sobre el interés de Estados Unidos en la información que podría poseer el exmando naval.
Farías Laguna ya se encuentra en territorio mexicano después de ser deportado desde Argentina y quedó bajo custodia de las autoridades federales. Su destino es el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde deberá ser puesto a disposición del juez que lo requiere.
Pero el dato que cambia el ángulo político del caso ocurrió antes de abandonar Argentina.
De acuerdo con declaraciones de su abogado, Tomás Farini Duggan, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) sostuvieron encuentros con Farías Laguna mientras permanecía detenido en territorio argentino.
La defensa aseguró que estas reuniones ocurrieron antes de concretarse su envío a México. Hasta ahora no se ha informado públicamente el contenido específico de esas conversaciones ni si derivaron en algún acuerdo de colaboración.
La presencia de dos de las principales agencias estadounidenses encargadas de investigar delincuencia organizada, narcotráfico y operaciones financieras internacionales coloca inevitablemente una pregunta sobre la mesa: ¿qué información buscaban obtener del excontralmirante?
El interrogante cobra relevancia porque Farías Laguna no es un detenido cualquiera.
Las investigaciones mexicanas lo ubican dentro de una presunta estructura vinculada con el llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual combustible habría ingresado irregularmente al país utilizando operaciones marítimas, aduanales y empresariales para evadir el pago de impuestos.
El expediente también ha alcanzado a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido previamente, y mantiene bajo escrutinio las estructuras de control de puertos y aduanas que durante los últimos años fueron colocadas bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas precisamente con la promesa de combatir corrupción y contrabando.
La dimensión política aumenta por el parentesco de los hermanos Farías Laguna con el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ese vínculo familiar no constituye por sí mismo prueba de responsabilidad alguna del exsecretario de Marina. Sin embargo, obliga políticamente a esclarecer hasta qué nivel pudo operar una estructura de esta magnitud y, sobre todo, quiénes tuvieron conocimiento de sus movimientos.
Ahora aparece un ingrediente adicional: Estados Unidos.
Que agentes del FBI y la DEA hayan buscado entrevistarse con Farías Laguna antes de su regreso a México revela, cuando menos, interés estadounidense en el personaje y en la información que eventualmente pudiera proporcionar.
Lo que no puede afirmarse, mientras no exista información oficial que lo demuestre, es que Farías Laguna haya aceptado convertirse en colaborador, testigo o informante de Estados Unidos. Tampoco se conoce públicamente qué habría dicho durante esos encuentros.
Pero políticamente el episodio es explosivo.
Si las agencias estadounidenses investigan conexiones relacionadas con contrabando de combustibles, narcotráfico, lavado de dinero o redes transnacionales, el expediente podría superar ampliamente las responsabilidades individuales de los hermanos Farías Laguna.
Por eso la llegada del excontralmirante a México no cierra el caso: puede ser apenas el comienzo.
La Fiscalía General de la República tendrá ahora que demostrar ante los tribunales las acusaciones formuladas contra Fernando Farías Laguna, quien conserva íntegramente su derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, existe otra batalla paralela: determinar hasta dónde llegará la investigación.
¿Se limitará a procesar a los mandos directamente señalados? ¿Se investigará la cadena empresarial y aduanera? ¿Habrá funcionarios civiles involucrados? ¿Existieron superiores que conocieran las operaciones? ¿Y qué información despertó el interés del FBI y la DEA antes de que Farías Laguna pisara nuevamente territorio mexicano?
Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
El caso del huachicol fiscal puede convertirse en una prueba decisiva para las instituciones mexicanas. Porque si una red de contrabando consiguió penetrar estructuras estratégicas encargadas de vigilar puertos y aduanas, el problema difícilmente podría explicarse únicamente por la actuación aislada de unos cuantos servidores públicos.
Fernando Farías Laguna ya está en México.
Ahora falta conocer qué sabe, qué declaró en Argentina y, sobre todo, hasta dónde están dispuestas a investigar las autoridades mexicanas.
Deja tu comentario