Cancún, Quintana Roo.— Un comerciante de la Región 102 denunció públicamente que dos hombres acudieron a su establecimiento para exigirle presuntamente cinco mil pesos mensuales por “derecho de piso”, bajo la amenaza de impedirle continuar trabajando si se negaba a pagar.
De acuerdo con el relato difundido en redes sociales, el propietario utilizó su teléfono celular para captar a los señalados, quienes posteriormente se retiraron a bordo de una motocicleta.
Las fotografías que acompañan el señalamiento muestran a un hombre frente a la ventanilla de un establecimiento y a dos personas sobre una motocicleta. Por sí mismas, estas imágenes no acreditan la exigencia económica ni las amenazas denunciadas, hechos que corresponde esclarecer mediante una investigación.
La cuota señalada equivaldría a 60 mil pesos al año: una carga impuesta mediante intimidación que afectaría los ingresos del negocio y el sustento de quienes dependen de él.
El caso plantea una exigencia concreta para las autoridades: investigar el señalamiento, brindar protección al comerciante y evitar que posibles represalias lo obliguen a pagar o cerrar su establecimiento. La atención de una denuncia de esta naturaleza debe traducirse en condiciones para que la víctima pueda continuar trabajando con seguridad.
Abrir un negocio y ganarse la vida no puede convertirse en motivo para recibir amenazas. El señalamiento merece una respuesta que esclarezca los hechos y proteja a quienes denuncian, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.




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