Marco Antonio Mejía López, conocido como ‘El Puma’ y quien se desempeñó como subdirector operativo y de logística en la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del 2006, narró en entrevista para Aristegui En Vivo que pasó cuatro años en la cárcel acusado de delitos que no cometió tras negarse a declarar que AMLO había recibido del narcotráfico para financiar su primera campaña presidencial.
Ex subdirector de Seguridad y Logística de López Obrador durante su mandato como Jefe de Gobierno capitalino entre los años 2000 y 2005, Mejía López explicó que fue detenido en febrero de 2009 cuando era director de la cárcel municipal de Cancún, con acusaciones falsas que estuvieron “motivadas políticamente”.
“Fui objeto de una injusticia. Fui preso por una situación política. Me acusaban de haber participado en el asesinato del General (Mauro Enrique Tello) y delincuencia organizada”, afirmó.
Mejía López aagregó que la Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo en 2009 sin orden de aprehensión y sin que existiera una sola prueba en su contra de haber cometido un delito.
“El único delito que cometí fue no haber declarado en contra del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque no había ninguna prueba de que yo participé en el asesinato del general”.
‘El Puma” asegura que existían ocho declaraciones de dos testigos protegidos sobre el asesinato del General Mauro Enrique Tello Quiñones, – cometido en Cancún, Quintana Roo, el 3 de febrero del 2008, pero destacó que en ninguna se le menciona ni se le señala de forma directa, por lo que tampoco aparece su nombre.
A pesar de la falta de pruebas, aseveró, primero se le dictó un arraigo y posteriormente fue amenazado para que declarara contra López Obrador.
Según su testimonio, cuando estaba arraigado en la Ciudad de México, fue llevado de Centro Nacional de Arraigos, ubicado en ese entonces en la colonia Doctores, a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, luego SEIDO) ubicadas en las calles de Paseo de la Reforma y Soto, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
‘El Puma” recordó que al estar en SIEDO lo mandaron a llamar Marisela Morales Ibáñez, entonces Procuradora General de la República, e Irving Barrios Mojica, en ese momento titular de la SIEDO, para presionarlo y amenazarlo con que no podría recuperar su libertad si no declaraba en contra de López Obrador.
Mejía López afirmó que Morales Ibáñez y Barrios Mojica le mostraron una declaración del testigo protegido ‘Jennifer’, nombre clave del abogado Roberto López Nájera, quien fuera ex colaborador del conocido capo Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, donde ‘Jennifer afirmaba que lo conocía.
En su declaración, el testigo protegido también acusaba al empresario y político Mauricio Soto Caballero de ser “uno de los encargados de recolectar dinero para la campaña presidencial de López Obrador”.
Les dije (a ambos) que ‘eso yo no lo sé’. No tengo porqué declarar en contra del licenciado Andrés Manuel si no sé nada de lo que están hablando.
Morales Ibáñez le reviró, asegurándole que “tenía órdenes de arriba de que ‘si no declaraba, no iba a salir de la cárcel’.
“Quién estaba arriba de la Procuradora? Pues Calderón”, declara Mejía López.
Mejía López afirmó que la PGR condicionó su libertad a cambio de que declarara en contra de Andrés Manuel López Obrador, de Nicolás Mollinedo y en contra Mauricio Soto. En caso de que se negara, pasaría todo el sexenio de Calderón en prisión y enfrentaría cargos por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
Me negué rotundamente porque no tenía nada que declarar en contra de ellos.
La amenaza se cumplió y a Mejía López se le acusó de homicidio, delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, los tres ilícitos relacionados con el asesinato del general Tello y un presunto vínculos con el grupo delictivo “Los Zetas”.
Sin embargo, la PGR no judicializó nunca los señalamientos de ‘Jennifer” en su contra, en los cuales se le acusaba de estar vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, en ese momento rival de “Los Zetas”.
“Es contradictorio e ilógico que pudiera estar trabajando para dos cárteles”, sostuvo.
Por el caso del general asesinado, se le dictó una orden de aprehensión y posteriormente un auto de formal prisión, por lo que pasó cuatro años y seis meses en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Tepic, Nayarit, conocida como “El Rincón”, de los cuales año y medio lo cumplió en una celda solo dentro del área de ‘alta peligrosidad’.
Posteriormente, lo enviaron a una zona donde estaban otros ex servidores públicos acusados de supuestos vínculos con el narcotráfico como el ex titular de Interpol, Rodolfo de la Guardia; el ex titular de SIEDO, Noé Ramírez Mandujano; y el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Todos fueron absueltos por jueces y magistrados de las acusaciones en su contra.
Además, todos estaban imputados por las declaraciones del testigo protegido ‘Jennifer’ que no se pudieron comprobar.
Mejía López recordó que una jueza federal lo absolvió de todos los cargos en una sentencia emitida el 13 de julio del 2013 por considerar que no había pruebas en contra de ‘El Puma’, resolución que fue confirmada por un tribunal federal tras una apelación promovida por la PGR.
El ex colaborador de López Obrador agregó que el Ministerio Público Federal nunca pudo acreditar ni una sola prueba durante su proceso judicial.
“El ministerio público tenía la obligación y la carga probatoria, lo cual no hizo. Yo también tenía la oportunidad de demostrar mi inocencia y lo hice con documentos que no fueron tomados en cuenta”.
Al salir de la cárcel y ganar la apelación, Marco Antonio Mejía López demandó a la PGR por daño moral y ganó en primera instancia, pero posteriormente un tribunal federal le negó la reparación del daño, resolución que ya no combatió, pese a considerarla injusta.
Durante la entrevista, ‘El Puma’ reveló que desde el 2006 no volvió a tener ningún contacto con López Obrador, Nicolás Mollinedo o Mauricio Soto Caballero: “Yo no los busqué, ni ellos me buscaron”.
No obstante, se deslindó de Soto Caballero y se negó a opinar sobre la investigación de la DEA que se centra en este personaje por un presunto financiamiento ilícito a la campaña de López Obrador en 2006.
“Yo no meto las manos al fuego por Mauricio Soto ni por nadie”, concluyó.
