Una investigación reciente revela cómo decenas de miles de hectáreas de tierras ejidales en Yucatán, Quintana Roo y otras entidades fueron transferidas ilegalmente a particulares con apoyo institucional. En el centro del escándalo figura Antonino Almazán Arteaga, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN), acusado de orquestar una red de corrupción que despojó a comunidades rurales de sus tierras para convertirlas en desarrollos inmobiliarios, turísticos o de alto valor comercial.
El documento oficial que detona el caso identifica a apenas 36 personas que concentran más de 39 mil hectáreas de terrenos originalmente de propiedad social. Almazán destaca entre ellas con más de 5 mil parcelas en 12 núcleos agrarios, equivalentes a más de 3 mil hectáreas distribuidas en varios estados. Su nombre aparece reiteradamente asociado a operaciones irregulares, reconfiguraciones de asambleas ejidales y expedientes con inconsistencias notorias.
Fuentes cercanas al caso detallan que el esquema operaba mediante manipulación de documentos, uso de prestanombres, contratos leoninos, asambleas simuladas o coaccionadas y presiones directas a ejidatarios para forzar la venta o cesión de derechos. En numerosos casos, los territorios acabaron integrados a fraccionamientos de lujo, complejos inmobiliarios o zonas de expansión turística. La ruta del despojo comenzaba en oficinas agrarias y terminaba en manos privadas con alto poder económico.
La impunidad quedó evidenciada cuando se reveló que algunos implicados —incluido Almazán— obtuvieron condonaciones fiscales millonarias, pese a estar señalados por operaciones dudosas en la transferencia de patrimonio social. Este trato preferencial alimenta la percepción de una red de protección institucional que permitió el avance silencioso del despojo.
Las comunidades afectadas, por su parte, han denunciado que la pérdida del patrimonio ejidal no solo representa un daño económico, sino también la ruptura de su identidad territorial, la degradación ambiental y la vulneración de derechos colectivos. Expertos advierten que la magnitud de estas prácticas implica consecuencias irreversibles para el tejido agrario, el acceso al suelo y la seguridad jurídica de miles de familias rurales.
Hoy, la llamada “operación despojo” revela una maquinaria compleja y sistemática: un traslado masivo de tierras de origen social a manos privadas, ejecutado con precisión administrativa, tolerancia institucional y actores clave como el exdelegado del RAN, Antonino Almazán Arteaga. Un caso que exige investigaciones profundas, responsabilidades claras y la restitución de derechos a quienes fueron despojados bajo la sombra del poder.
