El martes, mientras reseñaba la “denuncia de hechos” de Emilio Lozya Austin, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó de presuntas conductas delictivas de altos exfuncionarios del sexenio pasado, incluidos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ex presidente y ex secretario de Hacienda.
El titular de la FGR también habló de que el ex director de Pemex mencionó una obra a la que se le “dieron una serie de privilegios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas graves”. Esa obra fue Etileno XXI, una planta ubicada en la zona de Coatzacoalcos en la que son socios Braskem (filial de Odebrecht) e Idesa, empresa mexicana.
Etileno XXI es un negocio calculado en USD 2,500 millones al año y que funcionaba porque Petróleos Mexicanos le proporcionaba, en condiciones preferenciales, el etano que requería.
Esas condiciones preferenciales eran un precio por debajo del mercado –se dice que el descuento era de- 29 por ciento– y la obligación de Pemex de surtirle 66,000 barriles diarios de etano a partir de su producción o comprándolo a un tercero.
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Las condiciones del contrato fueron pactadas, con aspectos referentes al precio preferencial no revelados a la opinión pública, en febrero de 2010 por Felipe Calderón. Y esos términos quedaron renovados al mero inicio del sexenio anterior por el presidente Peña Nieto.
Durante el 2009 se instalaron mesas de trabajo para concretar la realización de Etileno XXI en Los Pinos. Patricia Flores operó el asunto. Y mesas parecidas hubo en Hacienda y en Energía.
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los mencionados deberían declarar: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Patricia Flores, José Antonio Meade y Jordy Herrera, entre otros.
Por otra parte, el periodista Salvador García Soto señaló en su columna de este jueves en El Universal, que independientemente de lo que arrojen las pruebas y las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el caso de Emilio Lozoya, el verdadero objetivo de López Obrador es Felipe Calderón, quien se ha convertido “en una auténtica obsesión”.
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(Foto: Cuartoscuro)
Y es que señaló que la investigación que le abrirá el fiscal Alejandro Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue un “narcoestado”, según dijo el propio mandatario en días recientes.
El periodista detalló que esa fue una de las principales negociaciones con el ex director de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto por que acusara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza.
La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador -dice García Soto- era lo que Emilio Lozoya sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado.
Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte (actualmente preso por otros delitos), los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht.
El columnista destacó que con esa información es que se está armando una acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al ex presidente en calidad de acusado, lo mismo que con Peña Nieto.
