Las condiciones para ejercer la libertad de expresión en México se han deteriorado en el último año, ante la constante estigmatización y desacreditación hacia periodistas, medios de comunicación y activistas, promovida desde la presidencia e instancias gubernamentales, de acuerdo con un informe elaborado por universidades y organizaciones sociales.
El informe “Libertad de expresión en México 2020”, señala que a ello se suman las condiciones laborales precarias, y la falta de conocimiento y uso de protocolos de prevención de riesgos, autoprotección y códigos de ética.
Según el análisis realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), 22 estados cuentan con marcos legales e institucionales débiles para la prevención y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Solamente cuatro estados tienen áreas especializadas para investigar delitos contra la libertad de expresión, y en las 32 entidades persiste la existencia de leyes que criminalizan o castigan civilmente el ejercicio de la libertad de expresión.
Los estados tampoco demostraron capacidades para realizar análisis de riesgos: no hay capacidades técnicas para registrar de forma homologada homicidios y agresiones y menos aún para convertirlos en información relevante, lo que “impide hacer diagnósticos serios sobre el problema, y por ende, los mecanismos (de protección) están destinados a fracasar”, indica el informe.
Esta falta de un marco legal que siente las bases de la coordinación federal con los estados, aunado a la debilidad normativa e institucional, “da cuenta de lo endeble del andamiaje de protección y justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos que tiene el Estado mexicano”.
Entre las principales problemáticas de periodistas en México detectadas por CASEDE están la inseguridad, las agresiones cotidianas de parte de policías, detenciones arbitrarias, la constante desacreditación y estigmatización de la labor informativa y que el gasto en publicidad oficial continúa siendo un instrumento de presión hacia los medios de comunicación.
Acerca del Mecanismo de Protección y el acceso a la justicia, señala que las autoridades evitan investigar delitos contra la libertad de expresión, por lo que cuando se suscitan los indagan como delitos comunes.
CASEDE considera que el Mecanismo de Protección tiene procesos burocráticos y que no es capaz de responder a las realidades locales.
De acuerdo con el Colectivo, las personas periodistas no acuden al Mecanismo Federal “por falta de confianza en la institución y por el temor al resguardo de su información y datos personales”.
Además de los riesgos de la profesión, las mujeres enfrentan hostigamiento y acoso, principalmente sexual, por parte de funcionarios de gobierno, pero también al interior de los medios donde laboran. La mayoría de las empresas no tienen protocolos ni capacitan para prevenir y atender las violencias de género.
Defensores de derechos humanos en riesgo
Aunado a la desinformación y polarización social promovidos desde el gobierno federal, las personas defensoras de derechos humanos trabajan en contexto de riesgo permanente.
El informe de CASEDE indica que los funcionarios públicos siguen siendo considerados como la principal fuente de agresiones contra defensores de derechos humanos. En el caso de la defensa del medio ambiente, los empresarios también se perciben como un foco de riesgo.
En el caso de las mujeres, enfrentan diversas agresiones derivadas del conservadurismo social contra la interrupción legal del embarazo o la presencia de la mujer en espacios de liderazgo, explica el documento.
Asimismo, la discriminación, la ignorancia y el conservadurismo ponen en riesgo a la comunidad LGBTTT+.
Debido a que las medidas de protección otorgadas por el gobierno no han sido efectivas en algunos casos de defensores amenazados, hay desconfianza entre los activistas para solicitar protección.
Por ello, cada organización defensora de derechos desarrolla sus propias redes con otras organizaciones afines a sus temas.
Si bien hay muchos frentes por donde iniciar el fortalecimiento de la libertad de expresión en México, sin duda alguna el primero de ellos es que los gobiernos estatales asuman mayores responsabilidades para crear las condiciones locales para que periodistas y personas defensoras de derechos humanos lleven a cabo sus actividades sin miedo.
Además, “los medios de comunicación tienen también diversas responsabilidades qué cubrir, comenzando por mejorar la capacitación, la profesionalización y las condiciones laborales (contratos, prestaciones, salarios)”, concluye el informe.
