Un tribunal unitario con sede en el Estado de México revocó el auto de formal prisión girado contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien fue acusada por la PGR de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero.
Sin embargo, Pineda Villa no obtendrá su libertad, pues la magistrada Angélica Díaz Pérez ordenó que únicamente le sea repuesto el procedimiento que se le sigue en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México.
Y es que, de acuerdo con la defensa encabezada por la abogada Rosalba Severino Chávez, a la esposa de José Luis Abarca se le violentó el debido proceso al no permitírsele presentar pruebas a su favor ante la justicia federal.
Asimismo, por medio de un comunicado la PGR indicó: “Es importante precisar que María de los Ángeles Pineda Villa también se encuentra bajo otro proceso, ante el Juez Tercero en Materia de Procesos Penales Federales, en el estado de Tamaulipas, por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud,por el cual se le dictó auto de formal prisión”.
El pasado 9 de enero y tras analizar las pruebas presentadas por el MP de la PGR, un juez determinó dictar el auto de formal prisión contra Pineda Villa, quien es considerada, junto con su cónyuge, autora intelectual de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
“Ello, en virtud de que las actuaciones aportadas, que de manera probable señalan que Pineda Villa se adhirió al grupo conocido como Guerreros Unidos, por lo menos desde 2005 a la fecha de su detención; que su participación era dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo delincuencial, a través de la compra de bienes muebles e inmuebles o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”, expuso el juez Tercero de Distrito.
Además, en ese entonces el juzgador tomó en cuenta que en sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2009 a 2011, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de 3 millones 286 mil 641 pesos; y que de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió por concepto de depósitos 13 millones 722 mil 849 pesos, recursos que presuntamente procedían del cártel Guerreros Unidos.
