La seguridad pública en nuestro país es unos de los principales rubros a tomarse en cuenta al momento de juzgar el desempeño del Presidente de la República, ¿por qué?, porque nuestro país ha enfrentado en la última época un incremento sustancial a los índices de inseguridad en el país, la delincuencia organizada y los delitos considerados como menores siguen a la alza, existen distintos motivos que provocan esto, y ahondar en ellos puede ser motivo de otra columna, pues el tema principal en esta ocasión es la estrategia que está implementando el gobierno federal para combatir con los altos índices de inseguridad en nuestro país.
En las últimas semanas ha tenido lugar un debate en todas las esferas sociales respecto a si la estrategia para combatir la inseguridad es la pertinente, puntualmente respecto a la militarización del país, que tan conveniente es y cuales podrían ser las consecuencias de que el presidente durante su mandato este otorgando mayor poder e importancia al ejército.
Pues como se puede observar, no solo importa el hecho de que el ejército se encargue de tareas que le deberían corresponder a un mando policiaco civil, sino también, que el empoderamiento que el presidente le ha otorgado al ejército durante lo que va de su sexenio resulta preocupante, pues históricamente el ejército ha sido participe de múltiples sucesos en los cuales se han cometido violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, teniendo en su haber crímenes de lesa humanidad, para muestra de esto, tenemos el recordatorio que nos deja el 02 de octubre, donde el Estado Mexicano usando como fuerza coercitiva al ejército despojo de forma brutal e inhumana la vida de cientos de estudiantes, para después ocultar y manipular lo sucedido.
Los mexicanos, incluyendo a aquellos que nos representan en cargos públicos como el presidente de la República, sabemos que los militares no deben de intervenir en asuntos de índole civil, tan es así, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña electoral prometió "regresar al ejército a sus cuarteles", sin embargo, a casi 4 años de mandato, esa promesa no solo no ha sido cumplida, sino que se ha aumentado el poder y la injerencia del ejército en asuntos nacionales.
Para tener una idea del crecimiento de este poder e injerencia del ejército, es preciso remitirse al informe emitido por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), a través del cual señala que de 2006 a 2022 al menos 227 funciones civiles fueron transferidas a las Fuerzas Armadas, lo cual otorga un mayor poder de este en los asuntos nacionales, pero también implica un aumento en el presupuesto de la SEDENA y la SEMAR de aproximadamente 74 mil millones de pesos, dato alarmante, más si se entiende que el presupuesto nacional es finito, lo cual implica que si algún presupuesto aumenta, otros deben de disminuir, entre los perjudicados se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura o de Medio Ambiente, entre otras.
Los datos vertidos en el informe que se menciona resultan alarmantes, pues muestran el aumento progresivo que ha tenido el ejército en cuanto a poder e injerencia en nuestro país, reiterando que esto no augura nada bueno para el bienestar nacional, pues las delimitaciones de cada institución deben respetarse para garantizar los derechos de los ciudadanos, la soberanía y democratización de la república, el hecho que el ejército tenga cada vez más poder debería resultar alarmante para los ciudadanos, actores políticos e instituciones que conforman nuestro país.