CIUDAD DE MÉXICO.— La tensión entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó un nuevo nivel luego de que, durante una jornada de protestas sobre Paseo de la Reforma, fueran derribadas y quemadas estructuras monumentales instaladas como parte de las actividades previas al Mundial 2026.
Las escenas registradas mostraron cómo figuras de gran formato alusivas al torneo fueron derribadas y posteriormente incendiadas frente a ciudadanos y visitantes que transitaban por una de las avenidas más representativas del país.
Los hechos ocurrieron en medio del paro y movilizaciones impulsadas por sectores de la CNTE, quienes mantienen exigencias relacionadas con salarios, pensiones y modificaciones en materia educativa. Sin embargo, el episodio abrió un nuevo debate sobre los límites entre la manifestación social y los daños al espacio público.
Mientras continúan las mesas de diálogo entre representantes magisteriales y autoridades federales, en las calles el mensaje fue de presión y demostración de fuerza en un punto estratégico de la capital.
El episodio también colocó presión política sobre el Gobierno federal, que enfrenta el reto de mantener una estrategia de negociación sin proyectar una percepción de falta de control frente a actos que diversos sectores han cuestionado.
La controversia ocurre en un momento especialmente sensible para el país. A días de recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, México busca consolidar una imagen internacional de estabilidad, capacidad organizativa y atracción turística.
Más allá del hecho inmediato, el incidente deja una pregunta abierta en el debate público: ¿hasta dónde debe llegar la tolerancia institucional frente a protestas que impactan infraestructura, movilidad y espacios simbólicos del país?
Hasta el cierre de esta edición no se habían informado sanciones ni modificaciones oficiales a la estrategia de negociación.
