TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Un médico especialista fue detenido y llevado preso, luego de ser acusado del delito de “abuso de autoridad” por la hija de un exdiputado local y exlíder de un partido político local, quien falleciera de covid-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
El pasado 7 de julio falleció el político chiapaneco Miguel Arturo Ramírez López, quien se contagió de covid-19 y no pude sobrevivir a los efectos ocasionados en su cuerpo por dicho virus.
Ramírez López era un político influyente en Chiapas, pues había sido presidente municipal de Solosuchiapa, y después ganó elecciones como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En 2016, asumió el cargo como coordinador de la zona norte de la entidad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
También fue presidente de la comisión de Hacienda cuando, a través del Partido Acción Nacional (PAN), logró el cargo de diputado local en el Congreso de Chiapas.
Su deceso causó conmoción en la clase política chiapaneca que llenaron de esquelas las redes sociales y medios impresos.
La hija del político local, Karen Alejandra Ramírez Molina, no quedó convencida de la muerte de su padre, y adjudicó negligencia médica, por lo que procedió legalmente contra el médico que atendió a su padre, Gerardo Vicente Grajales Yuca.
Grajales Yuca es uno de los pocos urgenciólogos que se han destacado en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus covid-19.
En el Bunker VIP del Hospital Vida Mejor del ISSTECH había atendido a políticos, funcionarios y sus familiares que le pidieron atender, entre estos destacan la madre del gobernador, Rosa Cadenas; al secretario de Protección Civil y algunos padres de diputados locales.
Como jefe del área de Covid, Grajales Yuca atendió también al exsecretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
Posteriormente, aunque no era derechohabiente, llegó recomendado y grave el exdiputado local y exlíder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien no sobrevivió al virus y los estragos que ocasionó en su organismo.
Al pasar 10 días de la muerte del político chiapaneco interpuso una demanda penal en contra del médico el pasado 18 de julio ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de abuso de autoridad.
Este domingo, la FGE confirmó en una misiva oficial que, efectivamente, después de haber llevado a cabo diligencias de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo Vicente “N” por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez.
Según la FGE, de acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo Vicente “N” “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.
Y que por estas acciones se le ejecutó orden de aprehensión librada por el juez de control competente, ante quien fue puesto a disposición, acogiéndose al término constitucional y decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La esposa del médico, Fernanda Ochoa, denunció que detrás de esta captura del médico y padre de sus hijos hay “intereses políticos”, pues las pruebas contra su esposo son recetas médicas que no llevan su firma, y que todo son dichos verbales de la hija del exdiputado local quien también ha sido funcionaria del partido que dirigía su padre.
Además de que el delito no es grave, en el marco del nuevo sistema de justicia penal le debieron notificar primero para desahogar las diligencias; sin embargo, fue detenido bajo engaños y llevado preso al penal del Canelo el mediodía de este sábado.
La afligida esposa dijo que lo que ve es tráfico de influencias, pues la justicia nunca es diligente cuando un particular denuncia penalmente a otras persona, pero como se trata de la hija de un político influyente fallecido, actuaron con rapidez en contra del joven médico.
Dijo que el único delito del médico es estar exigiendo a sus superiores más medicamentos, insumos, equipo de protección, además de ventiladores para los enfermos de Covid-19.
Proceso consultó a varios amigos y compañeros del médico Grajales Yuca, quienes dieron referencias que acreditan al médico con un historial médico destacado en su lucha contra la pandemia y aún desde antes como médico experto en neurocirugía.
Entre el personal médico, sus amigos y compañeros y familiares, empezó a circular un volante donde se exige la libertad del Grajales Yuca y se denuncia su detención arbitraria “donde la carpeta de investigación se integró de forma exprés y aún existiendo irregularidades en la integración de la investigación se dictó por el juez una orden de aprehensión que hasta el momento lo tienen privado de su libertad”.
Denuncian “tráfico de influencias ya que la denunciante se dice ser servidora pública y el fondo del asunto es por la escasez de medicamentos que existen en el ISSTECH Hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez.
Piden en ese volante la intervención de los diferentes organismos de derechos humanos “para que se haga justicia para el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, para que obtenga su libertad ya que está haciendo acusado y detenido injustamente con hechos falsos para reprocharle el delito de abuso de autoridad”.
