Una red de corrupción cimentada desde las entrañas del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa acumula más de 200 denuncias por despojos; algunos fueron cometidos de manera inverosímil “resucitando” a personas que fallecieron años atrás.
Popularmente conocidos como el “Cártel del Despojo”, en la red criminal figuran servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes se han adueñado ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha.
En las acusaciones aparecen los nombres de los notarios públicos Rafael Avilés Álvarez (133), hermano de Alejandro Avilés, quien fue el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca en la pasada elección; Alejandro Vidaña Luna (106), Jorge Merlo Gómez (135), Omar Abacuc Sánchez Heras (38), Arturo David Vásquez Urdiales (100) y José Jorge Enrique Zarate Ramírez (84).
A ellos se les señala por robar identidades, “matar” legalmente y revivir muertos para concretar los despojos.
El escándalo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán para quitarles sus tierras, actos para los que se confabularon el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, según lo denunciado por el organismo.
Ante la intervención de la CIDH en diciembre de 2021, el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León tuvo que restituir los derechos de los comuneros.
Este tema que adquiere dimensiones escandalosas fue llevado al Congreso de la Unión por la diputada del PT Margarita García, quien pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que, vía la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, integre las carpetas de investigación ante la presunción de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad de declaraciones.
La legisladora presentó un punto de acuerdo el 15 de marzo último, mismo que se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia.
El exhorto pide a la FGR que investigue y se ejerza acción penal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, notarios y servidores públicos por alteraciones a la Base de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población.
