Ginebra, Suiza.- El Vaticano reveló que, durante la última década, expulsó a 848 sacerdotes que violaron o acosaron a niños, y que sancionó a otros 2,572 con penas menores, la primera vez que informa con detalle la forma en que manejó los más de 3,400 casos de abusos reportados a la Santa Sede desde 2004.
El arzobispo Silvano Tomasi dio a conocer las estadísticas durante el segundo día de interrogatorios por una comisión de las Naciones Unidas que monitorea la implementación del tratado del organismo mundial contra la tortura.
Tomasi insistió en que la Santa Sede solo está obligada a adherirse al tratado contra la tortura dentro del pequeño Estado Vaticano, habitado solamente por unos cientos de personas.
Sin embargo, en un hecho significativo, no disputó el argumento de la comisión de que la violencia sexual contra los niños puede ser considerada tortura. Los expertos legales han dicho que el clasificar los abusos sexuales como tortura podría exponer a la Iglesia católica a una nueva oleada de demandas, ya que en muchas partes del mundo los casos de tortura no prescriben.
Tomasi también proporcionó estadísticas de cómo la Santa Sede enjuició globalmente los casos de abusos sexuales en la última década. En 2001, El Vaticano requería que los obispos y los superiores de órdenes religiosas enviaran todos los casos creíbles de abusos a Roma para su revisión, tras determinar que estaban trasladando a los sacerdotes pedófilos de diócesis en diócesis en lugar de someterlos a juicios en la Iglesia. No fue sino hasta 2010 que El Vaticano le dijo explícitamente a los obispos y a los superiores que también reporten los casos creíbles a la policía donde las leyes locales así lo exijan.
El repunte más reciente comenzó en 2010, cuando se reportaron 464 casos, más del doble que en 2009. A partir de ese mismo año, El Vaticano comenzó a recurrir más y más a una penalización menor de sentenciar a los sacerdotes acusados a una vida de penitencia y oración u otro tipo de castigo, fórmula usada con frecuencia cuando el sacerdote es anciano o está enfermo.
Tomasi hizo énfasis en que esas sanciones menores de todas formas equivalían a un castigo, y que el acusado es "colocado en un lugar en el que no tiene contacto alguno con niños".
