A partir de este viernes comenzarán a establecerse los mecanismos para que, de manera individual o colectiva, se presenten amparos legales en contra del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, ISABI, en Quintana Roo.
Así lo dio a conocer el vocal del Observatorio Legislativo, James Tobin, quien indicó que a través de los organismos empresariales que establecieron su postura en contra del impuesto, se manejará la red legal de amparos.
Asimismo, indicó que hasta el momento lo único que se puede decir del Congreso del Estado, es que es un órgano que nunca incluyó a la ciudadanía para poder atender un tema, que afectará a miles de personas.
La cerrazón del Poder Legislativo, dijo, es tal que en realidad nunca se tomó con seriedad la postura del bloque empresarial conformado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, así como por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi.
La postura era que en realidad dentro del Congreso del Estado se analizara la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista, en vez de aprobarla al vapor como ocurrió.
“Hasta ahora el Congreso nos ha demostrado que es más de lo mismo y los ciudadanos ya estamos hartos de eso. Se suponía que iban a escuchar, que iban a aceptar propuestas pero la realidad es que sigue siendo lo mismo, un Poder Legislativo que no legisla para la gente”, apuntó James Tobin.
Como muestra de esto, el vocal del Observatorio Legislativo señaló que el Congreso del Estado ni siquiera esperó al año nuevo, sino que publicó el 21 de diciembre pasado el nuevo impuesto en el Periódico Oficial del Estado.
Esta acción causó mucho malestar debido a que se trató de un “madruguete” y un albazo, puesto que ahora el sector empresarial sólo tiene 10 días hábiles más para poder emplear un mecanismo legal en contra de la medida.
“Al publicar el impuesto el 21 de diciembre, el Congreso ni siquiera dio tiempo a que se analizara la contrapropuesta que nosotros hicimos como ciudadanos a través del Observatorio Legislativo. Y después de su publicación son 30 días hábiles que se tienen para poder hacer algo legalmente y ahora nos queda poco tiempo”, expresó el entrevistado.
Cabe recordar que representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, se unieron para manifestar su rechazo al incremento al impuesto debido a que no hay condiciones para hacerlo por la situación económica en la que se encuentra el estado.
La iniciativa de ley sobre la adición a la Ley de Hacienda de Benito Juárez fue presentada al pasado 7 de diciembre ante el Congreso de Quintana Roo y de inmediato fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, encabezada por Emiliano Ramos Hernández.
Dicha comisión no hizo ningún análisis. Tampoco revisó la iniciativa. La pasó directamente al pleno y se aprobó en “fast track” antes de que los diputados locales se fueran de vacaciones y recibieran un bono de 250 mil pesos de Navidad y Año Nuevo.
