Empresarios adheridos a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Quintana Roo han vuelto a insistir a las autoridades para que desbloqueen Tajamar y ellos puedan continuar con la construcción de por lo menos 25 desarrollos detenidos en esa zona de la ciudad desde 2016.
Miguel Ángel Lemmus Mateos, presidente de la cámara empresarial, dijo que de no hacerlo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tendría que pagar a los inversores una indemnización mayor a los 3 mil millones de pesos, mientras que las ganancias serían mayores si las autoridades destraban el juicio.
“Indemnizar y cancelar le costaría más de 3 mil millones de pesos a Fonatur y por el contrario, si se desatorara este desarrollo, generaría más de 5 mil empleos directos, más de 10 mil empleos indirectos y se generarían inversiones en construcciones por detonar de más de 10 mil 500 millones de pesos en esas 70 hectáreas con 700 mil metros cuadrados que tiene autorizados en el PDU para construirse”, declaró.
Según dijo el empresario, este es un tema que la gobernadora electa, Mara Lezama Espinoza conoce y espera que con su llegada al gobierno estatal ella pueda servir de puente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se destrabe la construcción del complejo urbano.
Es importante recordar que dicha obra fue suspendida bajo los principios de prevención, precaución, responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada; referente histórico en la lucha por la protección y respeto del medio ambiente.
Además de que, según dictaron las autoridades, la Semarnat debió procurar la máxima protección posible al medio ambiente para garantizar en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
