La idea de un gobierno abierto y transparente a la sociedad se maneja desde hace 17 años; con la llegada de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República, se le puso especial interés a que todos los funcionarios públicos pudieran estar en una pecera, observados por los ciudadanos, pero no dijeron que el agua de dicha pecera iba a estar turbia.
Se realizaron las reformas correspondientes para establecer que cualquier mexicano tiene el derecho de acceso a la información pública, esto en teoría le permite a la ciudadanía tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. La Ley de Transparencia lo desarrolla en dos dimensiones: Transparencia activa, que tiene que ver con el acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos, desde el más chico, hasta el más grande; y el derecho de acceso a la información, que tiene que ver con el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar esta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva.
Analicemos pues cada una de estas dimensiones. En cuanto a la “transparencia activa”, parece que a esta le dio parálisis, pues si bien es cierto que los municipios, los estados, la federación y sus diferentes organismos que integran a cada uno de estos niveles de gobierno, cuentan con su “portal de transparencia”, no tienen en ellos la totalidad de sus acciones, amén que los desarrolladores del sitio web se encargaron de poner candados para que el ciudadano común y corriente no encuentre la información, se tiene que ser un experto para poder extraer lo poco que hay en esos portales.
La información es lo más escueta posible, hay rangos de sueldos y salarios muy generales, nada específico; no se encuentra quiénes son los proveedores de la entidad pública, a quiénes se les compra la papelería, artículos de limpieza, a quiénes se les asignan las obras; pero lo más sobresaliente es que no se coloca en el portal de transparencia el monto de las obras o de las compras. Qué decir de los viajes que realizan los funcionarios con cargos al erario público.
Ahora bien, en cuanto a “el derecho de acceso a la información”, si el ciudadano hace una solicitud en específico, como cuánto gana tal o cual funcionario, los encargados no contestan, o en su defecto, su respuesta es muy escueta. Se rinden informes de gobierno, pero son tan cansados y tan generales, que los asistentes terminan en no poner atención.
El acceso a la información, es como esos accesos de discapacitados colocados en las esquinas de las banquetas, pero que conforme avanza el usuario de sillas de ruedas se encuentran con un poste a la mitad, con que la banqueta está irregular. En otras palabras, los ayuntamientos, el estado y la federación cumplen a medias con este derecho ciudadano, y luego son ellos mismos los que se quejan que el ciudadano también le oculte información en cuanto a su impuesto predial y su declaración mes con mes ante el Servicio de Administración Tributaria, por decir lo menos.
Hasta ahora, no hay un portal de transparencia que sea transparente. Termino con la misma analogía con la que inicié, si bien es cierto que los funcionarios públicos y los gobernantes están en una pecera, el agua todavía está muy turbia.
SASCAB
Me dicen amigos en el extranjero, que la República Libanesa (Líbano), en Oriente Medio, se ha convertido en el refugio de personajes de la administración de Roberto Borge Angulo; pues allá se ha visto a exfuncionarios como Eliezer Villanueva Lanz, quien tiene una orden de aprehensión acá en México y Quintana Roo, pues presuntamente hay un desvío de recursos hecho por él de más de mil millones de pesos que corresponden al estado y la federación.
No hay que perder las esperanzas, si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte será extraditado a México el próximo lunes 17 de julio, será como en agosto que veremos a Roberto Borge llegar a nuestro país procedente de Panamá, no será el séquito de servidores los que le recibirán, sino las suburbans que utiliza la PGR para realizar los traslados.
La idea de un gobierno abierto y transparente a la sociedad se maneja desde hace 17 años; con la llegada de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República, se le puso especial interés a que todos los funcionarios públicos pudieran estar en una pecera, observados por los ciudadanos, pero no dijeron que el agua de dicha pecera iba a estar turbia.
Se realizaron las reformas correspondientes para establecer que cualquier mexicano tiene el derecho de acceso a la información pública, esto en teoría le permite a la ciudadanía tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. La Ley de Transparencia lo desarrolla en dos dimensiones: Transparencia activa, que tiene que ver con el acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos, desde el más chico, hasta el más grande; y el derecho de acceso a la información, que tiene que ver con el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar esta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva.
Analicemos pues cada una de estas dimensiones. En cuanto a la “transparencia activa”, parece que a esta le dio parálisis, pues si bien es cierto que los municipios, los estados, la federación y sus diferentes organismos que integran a cada uno de estos niveles de gobierno, cuentan con su “portal de transparencia”, no tienen en ellos la totalidad de sus acciones, amén que los desarrolladores del sitio web se encargaron de poner candados para que el ciudadano común y corriente no encuentre la información, se tiene que ser un experto para poder extraer lo poco que hay en esos portales.
La información es lo más escueta posible, hay rangos de sueldos y salarios muy generales, nada específico; no se encuentra quiénes son los proveedores de la entidad pública, a quiénes se les compra la papelería, artículos de limpieza, a quiénes se les asignan las obras; pero lo más sobresaliente es que no se coloca en el portal de transparencia el monto de las obras o de las compras. Qué decir de los viajes que realizan los funcionarios con cargos al erario público.
Ahora bien, en cuanto a “el derecho de acceso a la información”, si el ciudadano hace una solicitud en específico, como cuánto gana tal o cual funcionario, los encargados no contestan, o en su defecto, su respuesta es muy escueta. Se rinden informes de gobierno, pero son tan cansados y tan generales, que los asistentes terminan en no poner atención.
El acceso a la información, es como esos accesos de discapacitados colocados en las esquinas de las banquetas, pero que conforme avanza el usuario de sillas de ruedas se encuentran con un poste a la mitad, con que la banqueta está irregular. En otras palabras, los ayuntamientos, el estado y la federación cumplen a medias con este derecho ciudadano, y luego son ellos mismos los que se quejan que el ciudadano también le oculte información en cuanto a su impuesto predial y su declaración mes con mes ante el Servicio de Administración Tributaria, por decir lo menos.
Hasta ahora, no hay un portal de transparencia que sea transparente. Termino con la misma analogía con la que inicié, si bien es cierto que los funcionarios públicos y los gobernantes están en una pecera, el agua todavía está muy turbia.
SASCAB
Me dicen amigos en el extranjero, que la República Libanesa (Líbano), en Oriente Medio, se ha convertido en el refugio de personajes de la administración de Roberto Borge Angulo; pues allá se ha visto a exfuncionarios como Eliezer Villanueva Lanz, quien tiene una orden de aprehensión acá en México y Quintana Roo, pues presuntamente hay un desvío de recursos hecho por él de más de mil millones de pesos que corresponden al estado y la federación.
No hay que perder las esperanzas, si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte será extraditado a México el próximo lunes 17 de julio, será como en agosto que veremos a Roberto Borge llegar a nuestro país procedente de Panamá, no será el séquito de servidores los que le recibirán, sino las suburbans que utiliza la PGR para realizar los traslados.
