Durango / Coahuila.— La detención de José “N”, conocido como “El Limones”, reveló un entramado de extorsión que operó durante al menos tres años en Durango y Coahuila, donde el líder de la CATEM habría instaurado un sistema de cobro de piso que afectó a comercios, transportistas y pequeños negocios de manera sistemática.
De acuerdo con testimonios recabados por autoridades y cámaras empresariales, el presunto dirigente sindical utilizaba su posición para intimidar y exigir cuotas periódicas bajo el argumento de brindar protección. Los afectados, temerosos de represalias, aceptaban pagar aun sabiendo que la violencia y los robos no cesaban.
El operativo que permitió detenerlo fue coordinado por corporaciones estatales y federales, que lo interceptaron en una de las rutas donde presuntamente realizaba la recaudación del dinero. Las investigaciones apuntan a una estructura más amplia, con ramificaciones en distintos municipios de ambos estados.
Comerciantes y prestadores de servicios explicaron que, pese al pago constante, la inseguridad persistía. “Pagábamos para que no nos hicieran daño, pero nunca cambió nada”, relató uno de ellos bajo condición de anonimato.
Tras hacerse pública la captura, autoridades federales enviaron un mensaje firme y sin matices:
No habrá impunidad, sea del partido que sea.
La declaración fue interpretada como una advertencia directa contra cualquier red de protección política o sindical que pudiera haber permitido el funcionamiento de este esquema de extorsión por tanto tiempo.
Especialistas en seguridad consideran que el caso de “El Limones” exhibe la normalización del cobro de piso como práctica silenciosa, sostenida por el miedo y la desconfianza en las instituciones. Subrayan que la detención debe convertirse en un punto de quiebre para desarticular la red criminal y garantizar protección a los denunciantes.
Organizaciones empresariales de Durango y Coahuila pidieron ahora vigilancia permanente, investigación de presuntos cómplices y una estrategia integral que impida que la extorsión vuelva a institucionalizarse bajo cualquier figura.
Con este caso sobre la mesa, ambas entidades esperan que el proceso avance sin presiones ni excepciones. El mensaje de fondo es claro: el derecho de piso ya no será tolerado, venga de donde venga y se vista como se vista.
