MADRID.— El gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó ayer una reforma que pondrá fin en España al derecho de la mujer a abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación y que además deja fuera las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo.
Dado que el gobernante Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta en el Congreso español, se espera que el proyecto de ley sea aprobado con facilidad. La ley tipifica el aborto como un delito, despenalizado únicamente en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
La medida causó un gran revuelo en España, pese a que desde hace ya tiempo se esperaba una reforma restrictiva. Cientos de personas salieron a las calles en Madrid, Málaga, Barcelona y Oviedo para mostrar su rechazo a la norma.
En la capital española, los manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Justicia y se registraron enfrentamientos con la policía, que se saldaron con tres detenidos, acusados de resistencia y de atacar a la autoridad.
El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, apeló a la “conciencia y sensibilidad” de las 76 diputadas del Partido Popular (PP) de Rajoy para que voten en contra en la tramitación parlamentaria de la ley y ésta no salga adelante.
La reforma convertiría a España en uno de los países menos permisivos en cuanto a aborto en Europa y va en contra de la tendencia regional de conceder un mayor acceso, después de que Irlanda legalizara la práctica bajo circunstancias limitadas este año. Además, pondrá fin a la ley de plazos del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que rige desde 2010 y sacó el aborto del Código Penal.
Una vez pase el trámite parlamentario y entre en vigor, la interrupción voluntaria del embarazo dejará de ser un derecho de la mujer. El PP recurrió en su día la ley de Zapatero ante el Tribunal Constitucional pero, una vez en el gobierno, no quiso esperar al pronunciamiento de la corte.
La reforma “iba en nuestro programa electoral y hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley del 85, que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada por el gobierno (socialista) de Felipe González”, argumentó Rajoy en Bruselas, mientras su gabinete daba luz verde al texto en Madrid.
La ley de 1985, la inmediatamente anterior a la de 2010, permitía el aborto por malformaciones fetales, algo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó fuera de la futura norma. “No hay embriones de primera o de segunda, como no hay en nuestra legislación personas de primera o de segunda”, dijo.
En casos de malformación del feto, la mujer sólo podrá abortar si demuestra que llevar el embarazo a término supondría un riesgo para su salud psíquica. Además del informe médico en el que se acredite ese riesgo para ella necesitará aportar otro que certifique que el feto sufre anomalías “incompatibles con la vida”.
Este punto no generó divisiones en el seno del propio gobierno y del PP, según reflejó la prensa española mientras Gallardón preparaba el texto. La ley, de aprobarse, alejará a España de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde rigen leyes de plazos que permiten abortar en un periodo prefijado sin alegar motivo alguno.
Junto a la izquierda y a otros sectores sociales, las asociaciones de mujeres hablan de retroceso en sus derechos y ven un guiño a la Iglesia católica y al electorado más conservador del PP. “Nos devuelve a tiempos preconstitucionales”, aseguró la asociación progresista de magistrados Jueces para la Democracia.
La futura norma lleva por nombre “Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada” y sustituirá a la “Ley de salud sexual y reproductiva”.
El gobierno de Rajoy prohibirá toda publicidad de las clínicas de aborto y permitirá a todos los profesionales sanitarios acogerse a la objeción de conciencia. Con la futura ley, las chicas de 16 y 17 años necesitarán de nuevo el permiso de sus padres o de sus tutores para abortar.
