En estos tiempos quizá algunos políticos desconocen lo que es un Estado garantista, es un Estado que tutela las libertades y garantías de los ciudadanos ante el poder, a fin de evitar toda arbitrariedad. El garantismo representa el Estado de Derechos, en cuanto es un modelo de Estado que brota de la Constitución.
Es una contradicción que por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó desde julio del 2021 el uso lúdico de la marihuana para adultos, al declarar inconstitucionales los artículos de la ley de salud que lo prohibían, "Hoy es un día histórico para las libertades” se decía.
Sin que el Cabildo de Benito Juárez haya expuesto públicamente todas las modificaciones que se harán a la reimplementación del programa de alcoholimetría, el cual tiene un objeto recaudatorio, multas que van de los 10 a los 20 mil pesos, lo cual es inconstitucional por excesiva, por no considerar la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor.
La ocurrencia de una reducción extrema de los límites de alcohol permitidos sin estudio o consenso previo ha puesto a los organismos empresariales alertas en el actuar sin criterio y con un alto sentido de corrupción de los agentes de tránsito al momento de detener a personas que no pasen el alcoholímetro.
Los representantes de los organismos empresariales aseguran que las quejas aumentarán y recurrirán a los amparos porque hay personas que podrían ser detenidas, aunque solo hayan ingerido pequeñas cantidades de alcohol en los restaurantes.
El sector turístico en Cancún seria golpeado por la pretendida ocurrencia de la rigidez con que se pretende aplicar el alcoholímetro.
No hay que ser ingenuos, algunos actores de la política de Benito Juárez con futurismo político tienen toda la intención de que la reimplementación del alcoholímetro sea la charola para la sucesión municipal próxima, no se tienen pruebas ni tampoco dudas de los fines meramente recaudatorios, amén de la corrupción imperante en la dirección de Tránsito Municipal.
Aunque los interesados en las jugosas ganancias del alcoholímetro aseguran que ese no es el objetivo, no explican el motivo por el cual dentro de los cambios a la reglamentación se consideran multas de 100 a 200 UMA (Unidades de Medida y Actualización), dependiendo del grado de alcohol, lo que equivaldría entre 10 mil 374 y 20 mil 748 pesos; el otro gran negocio de estos actores políticos seria el costo que tendría el servicio de grúa y la estadía del vehículo en el corralón, el cual puede oscilar entre 10 y 20 mil pesos.
Entre otras ocurrencias, está la reducción de los límites de alcohol en aire permitidos a conductores de vehículos en general, que pasará de 0.40 miligramos (como lo establece el reglamento vigente) es decir el equivalente a una copa de vino o una cerveza a sólo 0.25 miligramos sobre litro, equivalente prácticamente a media cerveza.
Por si fuera poco, habrá que imaginarse que la operación estaría a cargo de los mismos elementos de Tránsito, dependencia que está severamente cuestionada por actos de corrupción en contra de Turistas y Ciudadanos Cancunenses.
Hace unas semanas circulo un video donde elementos de Transito denunciaban a su director de Tránsito, el cual les pide dinero a sus subalternos y las pruebas ahí están, pagan para que se les asigne una moto, Los elementos tienen que pagar, para una patrulla lo mismo, hay dos cuotas diarias que tenemos que entregar, la famosa clave 40 denunciaban, Incluso en el video los elementos de transito solicitaban la intervencion de la presidenta municipal de Benito Juarez.
Está claro que el alcoholímetro es una forma de obtener recursos económicos para las próximas campañas que se avecinan y que la policía de Tránsito ejercerá los acostumbrados actos de corrupción. Una forma de negocio para particulares carnales y financiamiento económico para la sucesión municipal.