La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la fuente original de la reforma que se aprobó en el Congreso para militarizar la Guardia Nacional, dicen documentos extraídos por el colectivo Guacamaya.
El Ejército presentó sus planes a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia; en oficio fechado el 1 de julio a Lenia Batres, consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, se expone que el “Plan A”, consistía en una reforma constitucional. El “Plan B” eran cambios a leyes secundarias.
Al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por el “Plan B”, ante la faltada apoyo que se preveía en el Congreso para formar una mayoría calificada.
En el “Plan A” se aprecia la propuesta de reforma constitucional que nunca vio la luz, que decía que la Guardia Nacional sería una corporación militarizada.
Esta era la redacción propuesta para el artículo 21 de la Constitución:
Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas y profesionales y, con excepción de la Guardia Nacional, de carácter civil.
(…)
La Federación contará con una fuerza armada con la función fundamental de seguridad pública denominada Guardia Nacional, profesional, de carácter permanente y naturaleza militar, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional.
El “Plan B” fue el camino que se recorrió al final: una serie de cambios a leyes secundarias para entregar el control de la corporación al Ejército, anulando la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El documento, fechado el 30 de junio, adelanta lo que finalmente ocurrió:
