Isla Mujeres, Quintana Roo.– La indignación recorre la isla ante el drama que vive el matrimonio Garrido, un caso que expone el rostro más frío del poder local.
Golpe a la dignidad y a la vida
El pasado 5 de agosto, funcionarios municipales clausuraron sin previo aviso el histórico negocio El Felipez, sustento de don Jesús Garrido, de 73 años, y de su esposa Telma, quien padece diabetes y ha sufrido la amputación de una pierna. La medida, ejecutada por personal de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Fiscalización, La directora de la zona federal maritima Dayana Perez Medina y el inspector Julio Emilio Santiago Martínez, dejó a la pareja sin ingresos y a doña Telma en grave deterioro de salud por la angustia y la falta de recursos para su tratamiento. Actualmente permanece hospitalizada en estado delicado.
Venganza política que hiere
Vecinos relatan que la clausura no solo carece de justificación legal, sino que tiene raíces en viejas rencillas políticas: Jesús Garrido es reconocido fundador de Morena, mientras que Alicia Ricalde, ligada al PAN e influyente en la administración actual, mantiene un historial de enfrentamientos con él. Para la comunidad, la presencia de los Ricalde en el poder huele a ajuste de cuentas que hoy pone en riesgo la vida de una mujer mayor.
Señalamientos de abuso y despojo
Testigos denuncian prepotencia y violación de derechos básicos. Temen que la clausura esconda la intención de apropiarse de la concesion federal, supuestamente por interés de familiares de los Ricalde. El negocio, más que un simple local, es parte de la memoria colectiva isleña; su cierre es percibido como un despojo de identidad y patrimonio.
Exigencia de justicia
Organizaciones civiles y vecinos exigen a la presidenta municipal y al cabildo que intervengan de inmediato para reabrir el negocio, sancionar a los funcionarios involucrados y garantizar la salud de doña Telma. También llaman a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Gobierno de Quintana Roo y a la Fiscalía General a investigar el caso.
La comunidad lo resume con rabia: “No se puede permitir que el poder político se use para despojar a nuestros adultos mayores. La vida de doña Telma está en juego y la isla entera exige justicia”.
