La Fiscalía General de la República (FGR) encarceló en penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de 100 empresas "factureras", luego de ser detenidas en el Municipio de Metepec durante un operativo militar en el que les aseguraron más de 1.5 millones de pesos.
En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava.
Tres de los sospechosos fueron detenidos en dos domicilios de la Colonia Condado del Valle Country Club and Residences, de Metepec, en los que les aseguraron 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.
A Contreras Nava le ejecutaron la orden de aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente laboraba, dijo la FGR.
Los fiscales federales también aseguraron en este operativo un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como "fachadas".
Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50 de estas empresas "factureras".
Tras ejecutarles las aprehensiones, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.
Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Núnero 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato.
Desde la reforma del año pasado, en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos legales.
En este caso, se trató de una investigación de la SEIDO, en el operativo se emplearon a las Fuerzas Armadas y se acusó el delito de delincuencia organizada, como ocurre con cualquier otra organización criminal dedicada el narcotráfico o secuestro. También la autoridad encarceló a los indiciados en penales de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se considera de alta peligrosidad
