La Paz, Bolivia, 2 de octubre de 2026.— Una ofensiva judicial y policial sacudió a Bolivia con la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado de formar parte de una presunta estructura criminal dedicada a proteger y favorecer operaciones de narcotráfico desde el interior del Ministerio Público.
Mariaca fue aprehendido durante la madrugada del jueves, en medio de una serie de operativos simultáneos contra funcionarios de la Fiscalía. En total, al menos nueve integrantes del Ministerio Público fueron detenidos, mientras distintas sedes de la institución quedaron bajo resguardo policial.
La investigación tomó una dimensión internacional luego de que el Gobierno boliviano reconociera que el operativo fue apoyado con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Días antes, Washington había retirado la visa a Mariaca y a otros 13 funcionarios públicos bolivianos.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, el ahora exfiscal general estaría al frente de una supuesta “narcoestructura” que operaba desde el Ministerio Público para proteger y asociarse con líderes del crimen organizado. Entre los nombres mencionados figura el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de redes de tráfico internacional de cocaína.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la presunta organización habría actuado de manera permanente desde la Fiscalía, protegiendo operaciones relacionadas con sustancias controladas y facilitando que objetivos criminales evitaran la acción de la justicia. Estas acusaciones forman parte de la investigación en curso y deberán ser probadas ante los tribunales.
Mariaca es investigado por presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. También son procesadas otras autoridades de alto nivel del Ministerio Público, entre ellas el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
Durante los operativos, seis empleados de la Fiscalía fueron detenidos cuando presuntamente intentaban retirar documentación del domicilio de Mariaca. Las autoridades también interceptaron una ambulancia que transportaba una importante cantidad de dinero cuyo monto todavía no había sido determinado.
El caso escaló aún más después de la difusión de un video atribuido a Sebastián Marset, en el que éste habría asegurado mantener comunicación con Mariaca. La autenticidad, contexto y alcance probatorio de ese material deberán ser determinados dentro del proceso judicial.
La detención también abrió una fuerte disputa política. Funcionarios del Ministerio Público denunciaron irregularidades en los allanamientos y aseguraron que algunos procedimientos se realizaron sin la documentación correspondiente.
El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, pidió respetar el debido proceso y advirtió que ninguna agencia extranjera puede ejercer funciones de aprehensión dentro del territorio boliviano al margen de la legislación nacional.
Mariaca había rechazado previamente las acusaciones y, después de que Estados Unidos le retirara la visa, sostuvo que enfrentaba presiones políticas e injerencia extranjera relacionadas con investigaciones de alto impacto.
En paralelo, el Gobierno boliviano informó que busca al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, luego de la difusión de un audio en el que presuntamente Marset afirma haber pagado 500 mil dólares para poder permanecer en Bolivia. Esa acusación también deberá ser comprobada judicialmente.
La investigación coloca al Ministerio Público boliviano en el centro de uno de los mayores escándalos recientes relacionados con presunta corrupción institucional y narcotráfico internacional, con la DEA aportando información a una operación que ahora deberá definir responsabilidades penales y esclarecer hasta dónde pudo extenderse la supuesta red de protección.
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