La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no solo detonó una investigación judicial por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, sino que también abrió un nuevo frente de confrontación política entre la oposición y el Gobierno federal.
La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, dentro de una investigación relacionada con una red dedicada al denominado huachicol fiscal y que habría ocasionado un millonario daño al erario.
La captura provocó una inmediata reacción del Partido Acción Nacional y de Somos MX, cuyos dirigentes exigieron la liberación de Ruffo Appel y cuestionaron la actuación de la Fiscalía. Ambas organizaciones sostuvieron que el exmandatario debe enfrentar el proceso con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al tiempo que pidieron que la procuración de justicia se aplique sin sesgos ni motivaciones políticas.
Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, ha rechazado los señalamientos y sostiene que no participó en actividades ilícitas, por lo que afirma que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
El caso representa uno de los episodios de mayor impacto para la oposición en los últimos años y coloca nuevamente en el centro del debate el combate al huachicol fiscal y la exigencia de que las investigaciones contra personajes de alto perfil se conduzcan con estricto apego a la legalidad y sin distinciones partidistas.
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