La Contraloría Municipal ha generado un total de 100 procesos administrativos contra un total de 28 de los ex funcionarios municipales que formaron parte del gobierno que encabezó Mauricio Góngora Escalante, cuyo tesorero Gabriel Castro Cárdenas está inmiscuido en al menos 12 expedientes.
De acuerdo a Ludwig Paul Cárdenas Lugo, contralor municipal, esos 100 procesos administrativos se desprendieron de las revisiones de la entrega-recepción de la administración, en la cual los funcionarios salientes omitieron documentación respecto a obras, uso de dinero para servicios, comprobaciones de gastos, entre otros aspectos de la administración.
Parte de lo que en esas revisiones se han encontrado han nutrido algunas de las de 25 auditorías que realiza la Contraloría junto con la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de la Función Pública.
Rafael Del Pozo Dargel, secretario de la Función Pública, indicó que varios ex funcionarios tienen revisiones de carácter administrativa de parte del gobierno del estado; no dio nombres, pero algunos estarían vinculados a irresponsabilidades cometidas en el gobierno de Mauricio Góngora en detrimento no solo del Ayuntamiento, sino del Gobierno del Estado.
Aunque igualmente Cárdenas Lugo dijo que no puede dar información del contenido de cada uno de los 100 procesos que llevan, una fuente del Ayuntamiento reveló que el ex tesorero Gabriel Castro Cárdenas es una de las figuras que están ligadas a un mayor número de irregularidades y está inmiscuido en 12 procesos.
Además de Castro Cárdenas, su concuño, ex presidente interino, así como el ex director de Obras Públicas Eddie Flores Serrano, son los principales personajes que han desfilado por la Contraloría.
“Tiene que haber un responsable, quien incurrió en alguna irresponsabilidad tiene que pagar. Las resoluciones finales no han sido emitidas porque se les está dando el derecho de audiencia. Muchos de los funcionarios salientes han venido a defenderse pero en algunos casos es difícil que pueda acreditar”, dijo Ludwig Paul Cárdenas.
Si bien algunos de esos procesos servirán para documentar las posibles acciones penales que se desprenderán de las 25 auditorías, que se hacen entre los órdenes de gobierno, generarán también inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos.
