Por Alfredo Morales
En los paradisíacos paisajes de Quintana Roo, donde las playas de arena blanca y las aguas turquesas atraen a turistas de todo el mundo, se oculta una siniestra red de corrupción y despojo. En el epicentro de esta oscura maraña de engaños y manipulaciones se encuentra Samuel Aguilar Ibarra, un individuo cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de tácticas despiadadas y prácticas mafiosas en la región. Sus fechorías han sido ampliamente reportadas en El Heraldo de México, Televisa, Aristegui Noticias, Lydia Cacho, Carlos Loret de Mola y El Qué Qui, entre otros medios.
La historia de este aboganster comienza con un caso emblemático en Tulum, donde los hoteles Playa Azul, Cabañas Puerta del Cielo y Cabañas Ixchel, en Punta Piedra, Tulum, fueron objeto de un despojo meticulosamente orquestado. En 2011, sin dejar rastro oficial, el juicio laboral 138/2012 fue presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Cancún por Aguilar Ibarra y su cómplice, Omar Homero Tijerina Herrera, quienes reclamaban exorbitantes salarios por supuestos servicios laborales cuando en realidad jamás laboraron ni prestaron ningún servicio a los hoteles afectados.
Este juicio, sin embargo, fue solo una pantalla para ocultar un plan mucho más oscuro. Con la complicidad de figuras clave en la administración gubernamental, como el priísta Roberto Borge Angulo, Aguilar Ibarra y sus secuaces ejecutaron un elaborado esquema para despojar a los legítimos propietarios de los hoteles. Mediante un falso representante legal y acuerdos fraudulentos, lograron evacuar ilegalmente los establecimientos en 2014, cambiando incluso sus nombres para borrar cualquier rastro de sus verdaderos dueños.
La justicia, aunque tardía, finalmente prevaleció gracias a la persistencia de los legítimos propietarios, Joel Tovar Arcos, Pedro Hernández Ramírez y el Nuevo Centro Poblacional José María Pino Suárez, quienes presentaron un juicio de amparo indirecto. Tras años de lucha, el amparo se declaró firme en 2017, ordenando la restitución de las propiedades a sus dueños originales. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Aguilar Ibarra había huido del país.
Después de años en fuga, Aguilar Ibarra ha regresado a Quintana Roo, pero no con intenciones de redimirse. En lugar de eso, se ha sumergido en una nueva actividad: la administración de fraccionamientos de lujo en Cancún, como el Condominio Eugenia en Residencial Aqua y Residencial Campestre. Aprovechando su posición de confianza, ha manipulado licitaciones y utilizado su influencia para promover proyectos de infraestructura en beneficio propio, cobrando sobornos a proveedores de servicios.
Lo más alarmante es que, según informes, Aguilar Ibarra también está utilizando su posición de confianza en estos desarrollos residenciales de lujo para identificar propiedades vulnerables que podrían ser objeto de nuevos despojos. Su retorno representa una amenaza para la integridad y estabilidad de la región, y es un recordatorio de los peligros que surgen cuando individuos sin escrúpulos operan con total impunidad.
En esta oscura trama, Aguilar Ibarra ha demostrado ser un maestro de la manipulación legal y la corrupción. Su participación en el despojo de hoteles en Tulum y su actual actividad como administrador de fraccionamientos lo colocan en el centro de una red de crimen organizado y abuso de poder.
Uno de los episodios más preocupantes de su carrera reciente es su involucramiento con la logia masónica en Cancún. Logró ganar su confianza y obtuvo poderes legales para regularizar el inmueble sede de sus actividades, el edificio Libertadores de América en la esquina de Avenida Bonampak y López Portillo. En lugar de cumplir con su mandato, Aguilar Ibarra engañosamente formó una nueva asociación civil propia y puso la propiedad de los masones a nombre de esta, despojando así a los masones de su patrimonio. Posteriormente, exigió el pago de cuotas mensuales para que la masonería local pudiera acceder al edificio, con la intención final de venderlo. Los masones siguen su lucha legal en su contra para recuperar su patrimonio.
Sus acciones no quedaron impunes dentro de la logia: fue expulsado por actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, acoso sexual, entre otras infracciones. Su complicidad con políticos corruptos, como Enrique de la Cruz y Alexis Zavala de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quienes facilitaron el despojo de propiedades en Tulum, subraya aún más la naturaleza insidiosa de sus actividades.
Las consecuencias de sus actos son devastadoras. La seguridad pública de Tulum se vio obligada a desalojar los hoteles, reubicando a los turistas afectados y sembrando el caos en la comunidad. Aguilar Ibarra es un prestanombres de políticos implicados en los despojos de Tulum, y su ambición lo lleva ahora a apuntar hacia las logias masónicas, en un intento de continuar con sus turbios negocios.
El retorno de Samuel Aguilar Ibarra a Quintana Roo plantea un desafío urgente para las autoridades y la comunidad. Es un sombrío recordatorio de los peligros que acechan cuando individuos sin escrúpulos operan sin restricción en el corazón de la sociedad. Solo a través de una acción coordinada y decidida se podrá desmantelar esta trama del aboganster y restaurar la integridad y justicia en la región.
