La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que quedó sin materia la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la aprobación de reformas constitucionales sobre el nombramiento y forma de remoción del Fiscal General del Estado, promovidas por el entonces gobernador Roberto Borge Angulo, por lo que dichas normas quedan firmes.
La PGR había presentado dos acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales realizadas por la XIV Legislatura, por presumir que con ellas se anticipaban a la entrada en vigor de las leyes federales del sistema anticorrupción.
En este sentido, la PGR demandó, entre otras cuestiones, invalidar la creación de un tribunal estatal de justicia administrativa, en la acción de inconstitucionalidad 57/2016, y luego se presentó la acción de inconstitucionalidad 64/2017, cuestionando la reforma que estableció la creación de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, en agosto pasado, el Congreso de Quintana Roo modificó de nuevo sus leyes y revirtió todos los puntos que habían sido impugnados por la PGR, por lo cual la queja promovida ante la Suprema Corte quedó sin materia, y el caso fue sobreseído.
Este lunes, el pleno de la SCJN tocó el último tema que tenía pendiente, que era sobre la acción de inconstitucionalidad 64/2016, presentada contra la reforma que creó la Fiscalía General del Estado, declarando los ministros que el asunto había quedado sin materia, por lo que la queja quedó sobreseída, es decir, ya no procede.
En este asunto, el Congreso del Estado modificó el apartado referente a la contraloría interna de la Fiscalía General del Estado, mientras que el procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal, así como su propio nombramiento, quedaron sin ser modificados, y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia quedan firmes sin cuestionarse su constitucionalidad.
