El gobierno municipal de Tulum, aprobó hoy en sesión de Cabildo, ordenar la apertura del acceso público hacia las playas del poblado de Akumal, bloqueado por el Centro Ecológico de Akumal (CEA), bajo el argumento de que se encuentra dentro de un predio que es propiedad privada.
En sesión ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento presidido por David Balam, votó por mayoría a favor de que sea reabierto dicho acceso, de ser necesario, con la intervención de la fuerza pública.
Particularmente este año, el bloqueo de ese acceso público hacia la Bahía de Akumal, ha provocado fuertes enfrentamientos entre la comunidad, prestadores de servicios turísticos y personal de seguridad privada del Centro Ukana, mejor conocido como Centro Ecológico Akumal (CEA) y del hotel contiguo, apoyados por la policía municipal de Tulum y Solidaridad.
Las cooperativas de servicios turísticos presentaron una serie de peticiones al ayuntamiento –las cuales fueron aprobadas por mayoría- entre las que se incluyen la apertura del acceso, su reconocimiento como acceso público, que dicho acuerdo se publique en el Periódico Oficial del estado, entre otros.
El acceso privado, reclamado como público
La polémica sobre el acceso mencionado, que conduce hacia la Bahía de Akumal, data de 2013-2014.
De acuerdo con la versión legal del CEA, el origen de la defensa del espacio público, no existe como tal, pues la motivación presuntamente real es preservar el paso a través de un área que ha servido para el lucro particular de prestadores de servicios turísticos que se apropiaron del sitio.
El camino de casi 100 metros que enlaza hacia las playas, nunca fue designado como un acceso público dentro del Programa de Desarrollo Urbano (2007-2037) vigente, ya que está dentro de un predio privado.
En la zona existen marcados sólo siete accesos públicos, pero ninguno de ellos corresponde al que reclama como suyo la comunidad de Akumal.
Si bien en 2014 el CEA permitía aún el paso hacia la playa a través de sus instalaciones y por el propio acceso, el aumento de quejas por el consumo de bebidas embriagantes y los daños a la duna costera tensó la relación, que terminó de afectarse cuando la entonces alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza, otorgó una concesión de zona federal de 38 metros cuadrados, a las cooperativas, justo frente al camino.
El CEA pidió a las cooperativas usar un acceso que se encuentra a 400 metros del controvertido acceso público, pero los prestadores de servicios se negaron, aludiendo que les quedaba muy lejos y tanto pobladores como turistas debían caminar más.
El acceso fue cerrado con piedras, pero el secretario general del ayuntamiento de Tulum, Gilberto Gómez Mora –en esa época- llegó con tractores para retirar las piedras. El funcionario buscaba posicionar su imagen con fines electorales. Ante tal acción, fue denunciado penalmente por despojo, daño a propiedad privada y abuso de autoridad.
Desde el año pasado guardias de seguridad custodiaban la entrada al acceso, para impedir el paso. En paralelo se construía un gran resort a un costado. La comunidad y los prestadores se servicio aseguran que en realidad el acceso publico fue cerrado por el CEA, organismo financiado por la dueña del predio, para “privatizar la playa” y beneficiar a su hotel.
En este año estallaron fuertes disturbios entre la población y los guardias de seguridad. Se quemaron palapas y autos, como reacción a la persecución por parte de la policía que apoyó al hotel y al CEA, en detrimento de la comunidad.
Para los habitantes el tema tiene que ver con la defensa del interés público; para los dueños, tiene que ver con la defensa de la propiedad privada.
