El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra ante la Cámara de Diputados es por los ingresos obtenidos de la compra-venta de un departamento.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que estos ingresos serán debidamente acreditados ante la autoridad. No obstante, dijo que los demás señalamientos son “suposiciones y falsedades de la parte acusadora”, en alusión a las informaciones publicadas por el diario Reforma en torno al origen de su patrimonio, que ronda los 900 millones de pesos según el diario.
El pasado viernes, el rotativo dio a conocer que el gobernador tamaulipeco amasó una fortuna de 951 millones de pesos, según documentó la FGR: “Como Gobernador de Tamaulipas, añade la Fiscalía, ha encabezado una organización criminal para lavar dinero a través de contratos públicos otorgados a sus socios”.
De acuerdo con este reporte, en la solitud de desafuero presentada a Cámara de Diputados, que consta de 103 páginas, la FGR documenta el historial de García Cabeza de Vaca, desde antes de ser alcalde de Reynosa, hasta sus años de gobernador. En 2016, el político panista declaró poseer bienes por 50 millones de pesos, aunque de acuerdo con las pesquisas, el monto es cercano a los mil millones, debido a la adquisición de restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias, entre otros “bienes ocultos”.
La Fiscalía sostiene que el gobernador benefició a sus cercanos con recursos públicos a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlos a través de personas morales, socios y beneficiarios directos “para blanquear dichos recursos”.
La Fiscalía señala que de 2016 a 2018, la Administración de García Cabeza de Vaca otorgó tres contratos por más de 56 millones de pesos a dos empresas de Baltazar Higinio Reséndez Cantú constructor y ganadero tamaulipeco y quien fue fichado en Estados Unidos por blanqueo de capitales, según el diario.ç
De acuerdo con la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, la teoría de FGR es que, a través de dichos contratos de obra pública, se trianguló dinero a una empresa para que comprara al mandatario su departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México.
La Secretaría de Obras Públicas estatal pagó 24 millones 999 mil 997 pesos a la Inmobiliaria RC de Tamaulipas por construir el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, en Reynosa, y 25 millones 499 mil 993 pesos por la Unidad de Docencia para Tamaulipas.
A la persona moral Barca de Reynosa S.A. de C.V. le asignaron un contrato de 5 millones 948 mil 896 pesos, por la pavimentación de dos calles en las Colonias Almaguer y Villas de la Joya, también en Reynosa.
Basada en la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR presupone que casi las dos terceras partes del dinero de los contratos fue triangulado a través de una operación inmobiliaria en favor del gobernador.
El pasado 2 de marzo, el abogado del mandatario, Alonso Aguilar Zinzer, argumentó en Aristegui en Vivo que la acusación de la FGR es por un depósito de 42 millones de pesos que posteriormente dispersó entre miembros de la familia, pero explicó que ese dinero es producto de la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, el cual se usó para pagar un crédito y para invertir en una empresa familiar.
