La crisis política y criminal que sacude a Sinaloa escaló este miércoles luego de que la organización civil Defensorxs presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 políticos y exfuncionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una “narcoelección” operada durante los comicios de 2021.
La denuncia acusa posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud y secuestro, señalando que estructuras políticas habrían recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para operar electoralmente en favor de Morena en distintos municipios de la entidad.
Entre los denunciados aparecen exalcaldes, diputados locales, legisladores federales y funcionarios estatales cercanos al grupo político de Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el exgobernador Quirino Ordaz Coppel.
La organización denunciante sostiene que durante el proceso electoral de 2021 existieron presiones armadas, intimidación a opositores y presunta intervención del crimen organizado para favorecer candidaturas vinculadas al grupo político actualmente dominante en Sinaloa.
El nuevo golpe judicial ocurre en medio del terremoto político provocado por las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos y colaboración con el narcotráfico.
De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, operadores políticos habrían recibido apoyo financiero y territorial del cártel a cambio de protección institucional, control de corporaciones de seguridad y facilidades para las operaciones criminales en la entidad.
La presión internacional ya comenzó a fracturar políticamente a Morena. En los últimos días, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo mientras la FGR analiza la solicitud de extradición y las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.
Aunque el gobernador ha rechazado todas las acusaciones y asegura ser víctima de una campaña política, el caso volvió a colocar a Sinaloa como epicentro de la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras gubernamentales y procesos electorales.
La denuncia presentada ante la FGR podría convertirse en uno de los expedientes más delicados de los últimos años, debido a que involucra directamente a figuras de alto nivel de Morena y revive los señalamientos históricos sobre la relación entre poder político y crimen organizado en el noroeste del país.
