CANCÚN, Q. ROO.- Con una resolución que abre la puerta para combatir jurídicamente como inconstitucional el cobro de grúas, el juez federal Darío Alejandro Villa ordenó a la empresa Grúas Figueroa devolver el dinero que pidió a la automovilista Guadalupe González por el servicio de arrastre más 14 días de estancia en el corralón, equivalente a siete mil 588 pesos .
Al resolver el juicio de amparo 1114/2019-IV, el Juez Séptimo de Distrito dictaminó que la empresa deberá devolver cada peso que ha cobrado a la afectada, con recargos e intereses, tras evidenciarse que su actividad carece de legalidad.
El sentido de la resolución del juzgador abre la posibilidad para que automovilistas y transportistas afectados por los cobros de los grueros, a todas luces abusivos, vinculados a infracciones del Reglamento de Tránsito, puedan recuperar sus pagos.
El impartidor de justicia ordenó a la empresa Figueroa’s Grúas, S.A. de C.V. (una de las siete que operan con autoridades de Cancún) que “devuelva a la quejosa la cantidad de $7,588.08” por concepto del servicio de traslado y estadía en el corralón del vehículo marca Honda, línea City LX MT, modelo 2017, placas URM597E de Quintana Roo”, por hechos que ocurrieron en agosto pasado.
El resolutivo señaló que “la cantidad a devolverse a la parte quejosa deberá estar debidamente actualizada a la fecha en la cual se le reintegre, más los recargos e intereses generados”. Además, dictó que se le remitan las operaciones realizadas para justificar el monto.
El impartidor de justicia determinó que la empresa “omitió fundar las tarifas (arrastre $6,500 y $1.088 por una estadía del vehículo de 14 días) sin que pudiera tampoco acreditar algún tipo de acuerdo con la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, la fecha y el lugar de publicación para que el quejoso pudiera atacarlos en esa vía Constitucional”.
La autoridad municipal, al rendir su informe de ley, tampoco fundamentó ni motivó el acto reclamado.
En Cancún ocurren un promedio de 40 hechos de tránsito diarios en los que se requiere la presencia de una grúa, y el fin de semana la cantidad sube a 60 casos; en conjunto representan mil 200 servicios al mes. El costo económico que pagan los benitojuarenses es de 62 millones de pesos al año por arrastres.
El regidor independiente Isaac Janix Alanís, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, reconoció que no existe ningún acuerdo para la prestación del servicio entre grueros y el municipio, pues se trabaja “bajo usos y costumbres”.
El servicio se realiza con siete empresas (Del Carmen, Figueroa, hermanos Cardona, Monterrosa, Abimerhi, Del Sol y Ochoa) que “ayudan y trabajan de manera incorrecta” con la Dirección de Tránsito.
El municipio no obtiene ninguna contraprestación económica por el servicio tolerado de grúas, y se desconoce la cantidad de unidades que operan las siete empresas, a quienes se pretende regular a fin de año.
“Hay una ilegalidad jurídica y nosotros nos damos cuenta a razón de que era una solicitud constante de los ciudadanos, cada semana nos pedían intervenir para pedir algún descuento porque los precios que les querían cobrar para sacar sus vehículos del corralón a veces tan altos que excedían su valor comercial”.
