En Coahuila, según la estadística oficial de la Segob, hay más de mil 400 personas desaparecidas o no localizadas; solo en 200 casos que representan menos de la sexta parte del total, el Estado ha reconocido que la persona está ausente y que su familia debe ser protegida para no quedar en el desamparo.
Esta situación impide a la mayoría de los padres, esposos o hijos de los desaparecidos obtener apoyos que por ley les corresponden. Por ejemplo, una persona que cuenta con la declaración de ausencia de su familiar puede continuar recibiendo salarios y prestaciones de la persona que está desaparecida, condonar créditos que se encuentren vigentes y proteger la patria potestad sobre menores de edad, entre otras garantías que actualmente no tienen.
Burocracia, investigaciones mal integradas o con datos ocultos, y temor a que se reconozca legalmente la dimensión del problema, son las deficiencias que según los asesores legales de las víctimas complican que cada familia obtenga la denominada “declaratoria de ausencia” que le permite acceder a los apoyos, y que según la ley, debe tramitarla obligatoriamente el Ministerio Público.
Una de las víctimas, la señora Dora Alicia de la Garza, dijo que no ha podido obtener la declaración de ausencia de su hijo Juan Carlos Tapia, quien está desaparecido desde hace casi cuatro años cuando se lo llevaron personas armadas. Acusó que las autoridades no les informan sobre los avances de las investigaciones de sus familiares desaparecidos y tampoco los auxilian en los trámites legales que deben hacer.
La Subprocuraduría para Personas Desaparecidas de la Procuraduría de Coahuila por su parte, sostiene que todos los casos se encuentran en investigación, aunque reconoce que hay datos que no se informan a las familias como la identidad de 32 personas que habrían desaparecido en el penal de Piedras Negras, bajo el argumento de que las investigaciones no concluyen.
Los datos: limbo legal
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Segob, en Coahuila había hasta el 30 de abril de este año mil 415 personas cuyo paradero es desconocido. Como la misma estadística señala, en cada uno de estos casos existe una averiguación previa iniciada ante el Ministerio Público local en donde consta que la persona está desaparecida.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila reveló que los jueces han emitido 212 declaraciones de ausencia. Se trata de poco menos del 15 por ciento de todos los casos que están siendo investigados.
De acuerdo con la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila, que entró en vigor desde mayo de 2014, esta declaración, que es emitida por un juez a partir de los datos que entregan familiares y autoridades, “reconoce y garantiza los derechos” de la persona desaparecida, y a su vez asegura “la protección más amplia” para las familias.
De acuerdo con el artículo 3 de la ley, no solo las familias sino incluso el Ministerio Público, es decir la Procuraduría del Estado, cuenta con la facultad para solicitar la declaración de ausencia de los casos que tiene bajo investigación. De hecho, está obligado legalmente a hacerlo después de un mes de abierto el expediente.
“Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil competente en un plazo no mayor de diez días” indica la ley.
Según los asesores legales de las víctimas, la realidad es muy distinta.
Burocracia y temor
Ariana García, asesora jurídica y representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, colectivo que lleva el seguimiento de más de 200 casos de desaparecidos, dice que las declaratorias de ausencia en realidad son la excepción y no la regla en el estado, como debería de ocurrir.
“La premisa de este trámite (declaración de ausencia) es que se va a reconocer la presunción de vida de la persona desaparecida lo que permite a las familias acceder a beneficios económicos y de apoyo social pero resulta que esto es nulo. No obstante que son las familias que quienes casi siempre lo impulsan, no hay resultados para ellas” dijo en entrevista.
¿Qué impide que las declaraciones de ausencia se emitan? De acuerdo con García hay dos problemas en general, uno de ellos es la burocracia para completar el procedimiento, debido a que son las familias las que tienen que arreglárselas reuniendo todos los requisitos sin reciban el auxilio.
La señora Dora Alicia de la Garza, dijo que por ejemplo ella no ha podido obtener la declaratoria de ausencia de su hijo desaparecido dese el 2012 porque le exigen una constancia de divorcio tramitó en Saltillo pero que no está en el registro civil de Piedras Negras. Reveló que para agilizar el trámite tiene que pagar 2 mil 900 pesos con los que no cuenta.
La abogada de la Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas indica que la segunda razón que frena la emisión oportuna de las declaratorias de ausencia, es el temor del Estado a dimensionar el problema y asumir los costos económicos y políticos.
“Nos percatamos que estos programas y este tipo de apoyos repercutirían en la economía pública, pues imagínate tener registradas casi mil 500 personas desaparecidas, sería un costo alto para el estado” dijo.
Miriam Cárdenas, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo en una entrevista con Vanguardia, en junio pasado, que las declaratorias de ausencia no se alcanzan porque los expedientes no se promueven con todos los requerimientos que marca la ley.
Indagatorias deficientes: víctimas
Además del trámite de las declaraciones de ausencia, las víctimas y sus representantes aseguran que las autoridades actúan de forma deficientes en las investigaciones, y además lo hacen con poca transparencia y atención a las familias.
La señora Alicia de la Garza por ejemplo, tiene once familiares desaparecidos desde el 2012 en el municipio de Piedras Negras, cuando sujetos armados se los llevaron, y cuatro años después no conoce de ningún avance concreto en las investigaciones de la Procuraduría estatal.
“Es peor. Yo les he dado datos, les di la ubicación y datos de uno de los vehículos en los que se llevaron a mis hijos. Les pedí que por ejemplo, checaran las identidades de las personas rescatadas del albergue de Mama Rosa y me dijeron que sí que lo iban a ver, pero no pasó nada”, dijo.
Alicia de la Garza dice que se tuvo que enterar por un tercero de la detención de un sospechoso en la desaparición de sus familiares, pero cuando preguntó en la Fiscalía no le quisieron proporcionar ningún dato.
La abogada Ariana García sostiene que en general hay opacidad de las investigaciones pues los expedientes rara vez se abren a los familiares y a sus asesores legales, pese a que tienen derecho a revisar los avances y el trabajo. Las fallas incluso llegan a los trabajos de las muestras genéticas que se recabaron a las familias, y que son vitales para posibles identificaciones.
“Coahuila refiere que la colaboración es con la Policía Federal. Ha habido varios hechos en donde la toma de muestras de ADN de las familias, para los cotejos con las personas halladas sin vida, pero resulta que al día de hoy no se encuentran estos resultados de muestras genéticas en los expedientes de las familias y el estado se justifica diciendo que la Policía Federal es la que no hace llegar los resultados” dijo la abogada.
Hay avances pero datos se reservan; subprocuraduría
El titular de la subprocuraduría para Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, José Ángel Herrera, sostuvo que cada averiguación previa iniciada por la desaparición de personas está siendo seguida y hay resultados, y puso como ejemplo el caso del Penal de Piedras Negras donde se presume que decenas de personas desaparecieron.
“Hay ya tenemos la confirmación de 32 personas que fueron incineradas peor estamos trabajando en la identificación de los probables responsables, que esto es una segunda etapa de la investigación”, dijo.
Según el subprocurador, ya saben quiénes son las víctimas que hasta ahora oficialmente están desaparecidas, pero aún no se informa a familiares de las víctimas bajo el argumento de que quieren primero identificar a los responsables de los hechos.
“De las personas que están hasta el momento identificadas no forman parte de ningún colectivo, si así fuera si lo diríamos, pero será en su momento oportuno cuando hagamos lo conducente (informar a familias)”, sostuvo en entrevista con este medio.
Animal Político además de entrevistar al Subprocurador envió un cuestionario de ocho preguntas a la Procuraduría de Coahuila, para conocer un avance completo en torno a las investigaciones por personas desaparecidas pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Jefe Zeta juzgado en Texas: ¿sin cuentas pendientes en Coahuila?
Marciano Millán Vázquez, presunto jefe Zetas en Piedras Negras, Coahuila, detenido y juzgado actualmente en la Corte Texas y en cuyo juicio se reveló una supuesta complicidad del exgobernador Humberto Moreira con ese grupo criminal, no es investigado por las autoridades de Coahuila por ningún delito.
Así lo reveló el subprocurador José Ángel Herrera, contradiciendo la propia versión de la Procuraduría de Coahuila que el pasado 6 de julio emitió un comunicado de prensa donde informaba que Marciano Millán y otros presuntos Zetas, “forman parte” de las pesquisas por homicidio y desaparición de personas en Piedras Negras.
Al ser cuestionado sobre las investigaciones contra el Líder Zeta el subprocurador respondió: “nada que ver. Este señor Millán en ninguna investigación, lo repito, en ninguna está referenciado él; ni con su nombre, ni con sus sobrenombres, ni con el apodo de El Orejón, ni con ningún otro apodo. No está referenciado en ninguna investigación, en ninguna”.
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Mexicanos piensan que dar mordida no es corrupción, sino un acto de astucia
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Cuartoscuro
Nayeli Roldán (@nayaroldan)
julio 14 2016 08:03
FONDEA el periodismo independiente
Cuando a un mexicano se le pregunta en qué piensa cuando escucha la palabra corrupción, inmediatamente lo relaciona con los políticos y funcionarios públicos; la percepción cambia cuando se le pregunta sobre sobornar o poner un diablito en el medidor de la luz para pagar menos por el consumo. Eso lo califica como un acto de “astucia”.
Este es uno de los hallazgos de la investigación realizada por la organización Opciona, que incluyó el análisis de 16 grupos de enfoque, una encuesta representativa nacional y un estudio etnográfico.
El estudio realizado entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, demostró que los mexicanos sólo ven la corrupción en los demás: 96% respondió que participa poco o nada en actos corruptos.
A decir de la organización Opciona, cuando confrontaron a los encuestados con la posibilidad de que ofrecer una mordida para pasar la verificación, poner un “diablito” en el medidor de la luz y contratar a un familiar en el trabajo sean actos corruptos, la reacción fue exactamente contraria.
Lee: La tolerancia a la corrupción ¿nos hace cómplices?
Los encuestados explicaron que esos casos son ejemplo de “astucia”, “audacia” e “ingenio”. En cambio, 79% de los encuestaos relacionó la corrupción con el gobierno en general, la policía, los gobernantes y burócratas.
A la pregunta de cuáles son las mayores afectaciones derivadas de la corrupción, los encuestados respondieron que hay más delincuencia común, problemas económicos, que existan malas autoridades (policías y funcionarios públicos) y nepotismo, entre otras.
En la encuesta aplicada por la empresa Votia, los mexicanos ubican a la corrupción como el cuarto problema más preocupante en el país, con 8% de las menciones. El principal problema, dijeron, es la inseguridad (29%), seguido de la economía (18%), la delincuencia común (10%).
Leee: Más mexicanos perciben que la corrupción es muy frecuente en el gobierno federal
Para combatir la corrupción, dijeron los encuestados, la principal acción debe ser “educar a los niños y jóvenes para que en el futuro no cometan actos de corrupción”.
Como segunda acción está imponer “sanciones duras para políticos y gobernantes que cometan actos de corrupción” y por último, también sancionar a los ciudadanos corruptos.
Sin embargo, señalan que el gobierno es el principal responsable de la lucha contra la corrupción en el país (24%), mientras que 20% consideró que le corresponde a los ciudadanos y 14% dijo que es responsabilidad del presidente de la República.
Los sobornos en empresas
La corrupción, sin embargo, no es privativo de un sector. De acuerdo con Transparencia Internacional, los pequeños sobornos significan “un gran problema” entre las iniciativa privada, toda vez que 80 de las 100 empresas no reportan que tengan una política expresa que prohíba “los pagos de facilitación”.
De acuerdo con el estudio Informe TRAC: Transparencia en Información Corporativa: multinacionales de economías emergentes 2016, las empresas tienen, además, un “sistema frágil” para la denuncia, toda vez que 4 de cada 10 carecen de vías para que los empleados denuncien presuntos incumplimientos de la política anticorrupción de la empresa.
El informe evaluó a100 de las principales multinacionales de mercados emergentes con sedes centrales en 15 países y presencia activa en 185.
Lee: México, el más corrupto de los 34 miembros de la OCDE: Índice de Percepción de la Corrupción
Aunque 84 de las 100 empresas anuncian de manera pública que han asumido el compromiso de respetar, las leyes aplicables, incluidas aquellas contra la corrupción, sólo 67 informan públicamente una política de tolerancia cero con la corrupción.
Apenas19 empresas declaran que prohíben los pagos de facilitación, es decir, sobornos y solamente 10 empresas afirman que tanto sus empleados como miembros de la junta directiva han recibido formación con respecto a la política anticorrupción de la empresa.
Pero los empresarios, igual que los ciudadanos, rechazan que ciertos actos sean corruptos, en cambio, los etiquetan como “pagos de facilitación”. Sin embargo, Transparencia Internacional advierte que “son sobornos y deben tratarse como tales”.
Los pagos de facilitación, dice en el informe, forman parte de “un círculo de sobornos que menoscaba los estándares públicos y comerciales”, que contribuyen a generar “sobornos en mayor escala en el sector público y el robo en el estado”.
En tanto, a los gobiernos, dice el informe, les corresponde implementar leyes rigurosas contra el soborno y destinar los recursos necesarios para su aplicación. Al controlar la aplicación de la legislación contra la corrupción de manera estricta es “crucial para incentivar a las empresas a adoptar medidas más firmes contra esta práctica”.
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La primera mesa de diálogo entre la CNTE y Segob concluye sin acuerdos
La primera mesa de diálogo entre la CNTE y Segob concluye sin acuerdos
Cuartoscuro
Redacción Animal Político
julio 13 2016 20:48
FONDEA el periodismo independiente
Mientras el SNTE logró que la SEP aceptara revisar y corregir los modelos de evaluación docente de la reforma educativa, la primera mesa de diálogo entre la opositora Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó este miércoles 13 de julio sin acuerdos.
Durante la mesa política de este día –la cual continuará mañana a las 12 horas–, los maestros insistieron en la abrogación de la reforma educativa. Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que ese tema estaba fuera de la discusión.
Lee: La SEP acepta revisar los métodos de evaluación docente de la reforma educativa
De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Adelfo Alejandro Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, dijo que la negociación se centró en la derogación de la reforma educativa y la implementación de planes educativos alternativos.
Osorio Chong “ha declarado últimamente, o el día de ayer, en sentido que no iban a entrarle a la discusión de la reforma (…) Nosotros podemos decir que tal vez como institución la Secretaría de Gobernación no puede, pero como Estado mexicano tiene que hacerlo. Sigue siendo como planteamiento central de la agenda“, dijo Gómez durante un mitin en Avenida Bicareli, tras salir de una reunión en la Segob.
El líder de la coordinadora agregó que la CNTE rechazó la participación de Aurelio Nuño, titular de la SEP, en la mesa educativa que se llevará a cabo el próximo 19 de julo. Osorio Chong había confirmado la participación del funcionario.
“Este sujeto (Aurelio Nuño) no estará en la mesa porque es una decisión de todos los contingentes que se movilizan en el país”, dijo Gómez.
En una negociación paralela, la SEP aceptó este miércoles hacer correcciones a los modelos de evaluación docente. Por ejemplo, se contextualizará la evaluación, pues se tomará en cuenta las condiciones sociales y económicas de las escuelas, maestros y alumnos.
También se revisarán los instrumentos de evaluación, como mejorar la acreditación de evaluadores, bases de datos, proceso de aplicación y evaluación.
