Ciudad de México.— La reciente designación de Yadira Edeza Morales como Jueza Quinta de Distrito en Mexicali, Baja California, abrió un flanco de cuestionamientos políticos y éticos dentro del Poder Judicial, luego de confirmarse que hasta meses antes de asumir el cargo fue abogada defensora de Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”.
La hoy juzgadora federal formó parte de la defensa legal del hijo de Ismael Zambada García, uno de los personajes más emblemáticos del crimen organizado en México. Su participación en ese caso concluyó formalmente el 28 de mayo de 2025, apenas días antes de la jornada electoral en la que resultó electa mediante voto popular, mecanismo introducido tras la reforma judicial.
Edeza Morales obtuvo la mayor votación entre los aspirantes federales de su distrito y tomó protesta el 1 de septiembre de 2025, convirtiéndose en jueza de especialidad mixta. Su trayectoria profesional, sin embargo, ha generado un debate que trasciende lo jurídico y se instala de lleno en el terreno político: ¿son suficientes los filtros éticos y de idoneidad cuando quienes impartirán justicia han representado legalmente a integrantes de alto perfil del narcotráfico?
El caso reaviva las críticas contra el nuevo modelo de elección de jueces, promovido bajo el discurso de democratizar la justicia, pero señalado por sus detractores como un esquema vulnerable a conflictos de interés y a la pérdida de credibilidad institucional. Aunque no existe impedimento legal para que un abogado defensor acceda posteriormente a un cargo judicial, la cercanía temporal entre la defensa y la elección resulta, para muchos, políticamente insostenible.
Desde distintos sectores se advierte que este tipo de nombramientos, aun dentro de la legalidad, profundizan la desconfianza ciudadana y refuerzan la percepción de que el Poder Judicial atraviesa una etapa de fragilidad ética, justo cuando más legitimidad social debería construir.
