La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la cárcel domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sentenciada a seis años de prisión, y dejó sin efecto su comparecencia ante el tribunal, lo que significa que la líder peronista ya está presa y que ha entrado en vigor la condena.
De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.
El Tribunal Federal 2 dispuso "la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria", según el fallo.
El tribunal resolvió que la líder del peronismo opositor puede cumplir la reclusión en el apartamento donde reside junto a su hija y su pequeña nieta al entender, entre otras razones, que es mayor de 70 años —un atenuante que está contemplado en la ley— y para preservar su seguridad, ya que fue víctima de un intento de atentado hace tres años.
En el fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, el tribunal dictaminó que Fernández “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor” y que “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.
En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la ex presidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.
La Corte Suprema de Justicia había confirmado el martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por fraude al Estado, acusada de favorecer a un empresario al otorgarle proyectos de obras públicas en la Patagonia cuando era presidenta entre 2007 y 2015.
La ex mandataria, que también fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, se alojará en un departamento de Buenos Aires, cerca del centro de la ciudad.
