Ciudad de México.– La narrativa oficial de las elecciones en Sinaloa en 2021 vuelve a fracturarse. La diputada Paola Gárate destapó un testimonio que sacude de fondo la legitimidad del proceso: fue secuestrada durante más de nueve horas en plena jornada previa a la votación en la que resultó electo Rubén Rocha Moya.
“Fui levantada durante nueve o más horas”, declaró la legisladora, al describir un operativo que no fue improvisado: traslados constantes, cambio de vehículos y múltiples puntos de resguardo que evidencian logística criminal, no un hecho aislado.
El mensaje que recibió al ser liberada fue aún más revelador: “ya estaba todo dado, acomodado”. Una frase que, lejos de ser anecdótica, apunta directamente a la sospecha de una elección condicionada bajo presión, violencia e intimidación sistemática.
El testimonio de Gárate confirma lo que durante años se denunció en Sinaloa: que la violencia no fue colateral, sino instrumental. Secuestros, amenazas y control territorial habrían operado como herramientas políticas para inhibir la competencia electoral.
No se trató únicamente de ganar votos, sino de impedir que otros compitieran en condiciones de libertad. En ese contexto, un “levantón” deja de ser un delito común y se convierte en una pieza dentro de un engranaje de control electoral.
El impacto político es brutal. Si actores políticos fueron privados de la libertad en plena contienda, la pregunta ya no es solo quién ganó, sino bajo qué condiciones se construyó esa victoria.
La revelación coloca nuevamente en el centro del debate a Rocha Moya, no solo por las acusaciones internacionales que enfrenta, sino por el origen mismo de su triunfo electoral. La narrativa de una elección democrática queda debilitada frente a testimonios que apuntan a coerción directa.
Mientras tanto, la reacción institucional sigue siendo tibia. No hay investigaciones de fondo que expliquen estos hechos ni responsabilidades claras por un episodio que, de confirmarse plenamente, representaría una violación grave al principio de elecciones libres.
El caso exhibe una realidad incómoda: en ciertas regiones del país, la línea entre política y crimen organizado no solo es difusa, sino funcional.
El relato de la diputada no es un recuerdo aislado del pasado. Llega en un momento en el que el gobernador de Sinaloa enfrenta presión internacional y cuestionamientos severos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
Y en ese contexto, el “levantón” de nueve horas deja de ser una historia personal para convertirse en una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande: el de un poder político que, según las acusaciones, pudo haberse construido bajo la sombra de la violencia.
