El escándalo que envuelve a Jorge Enrique Alberts Ponce, contratista del programa federal Segalmex, crece cada día más y confirma lo que diversos analistas ya advierten: una red de poder, dinero y crimen que entrelaza al sector público, a la élite empresarial y al crimen organizado en una misma estructura de corrupción nacional.
De acuerdo con investigaciones federales, Alberts Ponce, señalado por operar una red de huachicol, lavado de dinero y tráfico de armas, formó parte de una compleja maquinaria financiera en la que también participaron Raúl Rocha Cantú —dueño de Miss Universo— y la esposa del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, quien habría facilitado contratos y conexiones financieras desde el sector energético.
Los informes judiciales apuntan a que la esposa de Bartlett intervino a través de empresas energéticas y fideicomisos asociados con contratos de suministro para la Comisión Federal de Electricidad, que sirvieron para triangular fondos provenientes del robo de hidrocarburos. Estos recursos terminaron invertidos en proyectos inmobiliarios, adquisiciones de lujo y espectáculos internacionales, entre ellos, la compra y operación del certamen Miss Universo.
En paralelo, Raúl Rocha Cantú —quien enfrenta cargos por tráfico de armas y venta de equipo militar al Cártel del Golfo, el CJNG, La Choquiza y La Unión Tepito— se acogió al programa de testigo protegido de la FGR, lo que ha permitido reconstruir la trama financiera detrás de esta red que operaba entre Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Houston y Panamá.
Contratista, huachicolero… y desarrollador de lujo en Yucatán
Tras recibir millonarios contratos con Segalmex, Jorge Enrique Alberts Ponce se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza —este último también involucrado en el fraude a Segalmex— para crear Grupo Aura, empresa responsable de varios edificios residenciales de lujo en Yucatán.
De acuerdo con la investigación, Grupo Aura sirvió como vehículo financiero para lavar dinero procedente del robo de combustibles y de contratos irregulares con Segalmex. Parte de los recursos desviados se canalizaron a la compra de terrenos, materiales y subcontratos inflados en desarrollos inmobiliarios de alto valor.
Lambretón López Ostolaza, socio de Alberts Ponce, obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR que le permitió evitar la acción penal en su contra por su participación en dos convenios fraudulentos con Liconsa, los cuales ocasionaron un quebranto al erario de mil 686 millones de pesos.
Mientras Alberts Ponce sigue bajo investigación por delincuencia organizada, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos, el Ministerio Público Federal continúa rastreando las inversiones inmobiliarias y los vínculos empresariales en Yucatán y Quintana Roo, donde los implicados habrían ocultado parte de su fortuna.
Una red que mezcla política, dinero y crimen
Fuentes de inteligencia financiera sostienen que esta estructura criminal funcionó con la protección de altos funcionarios del sector energético, utilizando empresas fachada y contratos públicos como tapadera para operaciones ilícitas. Las triangulaciones financieras se realizaron a través de bancos nacionales y extranjeros, fideicomisos inmobiliarios y sociedades anónimas creadas exprofeso para el blanqueo de capital.
El caso exhibe cómo el huachicol, el lavado de dinero y la corrupción institucional convergen en una red de poder que abarca desde los programas sociales hasta el sector energético y la élite empresarial del país.
Con el avance de las investigaciones, la FGR prepara nuevas imputaciones y solicitudes de colaboración internacional, mientras crece la presión política para esclarecer uno de los entramados más turbios de los últimos años, donde se mezclan el dinero público, el crimen organizado y la corrupción de alto nivel.
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