El Tribunal Constitucional de Yucatán reconoció que el Congreso del Estado incurrió en discriminación al legislar sobre matrimonio y concubinato, pero finalmente avaló la legislación local vigente, con votación dividida de siete magistrados contra cuatro.
El resultado deja sin legalidad los matrimonios homosexuales en Yucatán, donde al menos 11 uniones se han registrado previo a un proceso jurídico que derivó en amparos federales.
Luego de la sesión, en Mérida se registraron algunas protestas menores y mensajes en redes sociales en donde la comunidad lésbico-gay-transexual-travesti-transgénero de Yucatán manifestó su inconformidad bajo el argumento de que el organismo judicial desprotegió a las familias formadas por la unión de personas homosexuales.
En lo legal, quedó sobreseída la demanda presentada por organizaciones no gubernamentales tales como el equipo Indignación A.C. , la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE A.C.) y Oasis de San Juan de Dios A.C.
Marco Celis, presidente del Poder Judicial de Yucatán, informó que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán se erigió en esta ocasión en Tribunal Constitucional para resolver una demanda presentada por Omisión Legislativa, término con el que se acusó al Congreso de Yucatán por legislar inadecuadamente sobre matrimonio y concubinato con una figura que excluye a las uniones formadas por personas homosexuales.
Esto derivó en acusaciones de violación a principios constitucionales y discriminación a las personas homosexuales y a las familias homoparentales.
Por su parte, los denunciantes señalaron que más de 15 mil personas firmaron en los últimos días un llamamiento al Tribunal para que ordene al Congreso corregir la omisión.
El proyecto, elaborado por el magistrado Santiago Altamirano Escalante, reconocía la omisión en la que incurrió el Congreso que, aunque legisló sobre matrimonio, lo hizo de manera presuntamente deficiente e incompleta al excluir a los matrimonios formados por personas del mismo sexo.
Los magistrados fueron tomando la palabra, reconocían la discriminación, pero al final siete de 11 votaron en contra del proyecto.
Ahora, las personas homosexuales que desean contraer matrimonio, un derecho que niega la Constitución de Yucatán, tienen que ampararse para poder hacerlo.
Los magistrados que votaron a favor del proyecto que reconocía la omisión legislativa y proponía subsanarla fueron el presidente Marco Celis Quintal, Ingrid Priego Cárdenas, Santiago Altamirano Escalante y José Rubén Ruiz Ramírez.
