El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para iniciar la cancelación del título de concesión a la empresa Aguakán, por el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad, la cual fue beneficiaria de una ampliación anticipada de su contrato, otorgada por el exgobernador Roberto Borge Angulo.
Apenas el miércoles pasado el Congreso del estado ventiló la “desaparición” de 1,080 millones de pesos transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Borge Angulo por concepto de contraprestación por la ampliación de 50 años más la concesión de esta empresa y habérsele permitido extender sus servicios al municipio de Solidaridad, ya que, hasta el 2015, sólo operaba en Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres.
Laura Beristain Navarrete, diputada local electa por la alianza PAN-PRD, denunció que el procedimiento por el cual se otorgó la concesión de agua potable a Aguakán no sólo se hizo en la opacidad, mediante una sesión de cabildo a puerta cerrada sin un análisis previo del asunto, sino en franca violación de la autonomía municipal, ya que el Bando de Gobierno del municipio de Solidaridad prohíbe expresamente la privatización o concesión del servicio de agua potable.
Esto se explica, dijo, por un acuerdo previo entre Aguakán, el exgobernador y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que dieron por un hecho la aprobación del Cabildo de Solidaridad, con la condición de que la empresa pagara 1,080 millones de pesos al gobierno del estado como contraprestación por ampliar 50 años su título de concesión y así otorgarle la prestación del servicio en la zona urbana de Playa del Carmen (Solidaridad).
El pasado miércoles el actual titular de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, reveló durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos del Congreso estatal que los 1,080 millones de pesos pagados por dicha empresa entraron a una cuenta de la Sefiplan, presidida hasta el domingo pasado por Juan Pablo Guillermo Molina, pero de ahí “el rastro (del dinero) se pierde”.
Guerrero Ortiz también declaró desconocer el criterio por el que sus antecesores dieron luz verde a la ampliación por 50 años más del título de concesión de Aguakán, tampoco podía responder sobre un dinero que nunca estuvo a su disposición, sino que fue transferido íntegramente a la Sefiplan.
Aseguró nunca haber estado de acuerdo con la ampliación de su concesión, sin embargo, se disculpó diciendo que fue una decisión que salía de su ámbito, al haber sido tomada por el órgano de administración de la CAPA, conformado por Borge Angulo, los titulares de la Sefiplan y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) así como los presidentes municipales de los territorios involucrados.
Durante la sesión ordinaria en el Congreso, se acordó conformar una comisión que dará seguimiento al punto de acuerdo presentado por la diputada Beristain Navarrete, que deberá tomar en cuenta el costo que tendría la revocación del título de concesión, pues dicha medida podría implicar el pago de una multimillonaria penalidad que resultaría mucho más onerosa que seguir contando con el servicio de la empresa, según advirtió Carlos Toledo, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México.
