Chetumal, Quintana Roo, 21 de septiembre de 2026.— El Congreso de Quintana Roo analizará dos iniciativas que colocan en la agenda legislativa asuntos de creciente impacto social: el reconocimiento constitucional de la salud integral y el endurecimiento de las sanciones contra el acoso sexual cometido mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales.
Durante la sesión ordinaria número cinco, la Legislatura de la Justicia Social dio lectura a las propuestas, con las cuales se pretende actualizar el marco jurídico estatal frente a problemáticas que han evolucionado y que actualmente demandan respuestas institucionales más amplias.
La primera iniciativa plantea reformar el párrafo décimo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo para reconocer expresamente el derecho de toda persona a la protección de la salud integral.
La propuesta, impulsada por el diputado José María Chacón Chablé y la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, busca que la protección constitucional no se limite al aspecto físico, sino que también comprenda el bienestar mental y emocional de la población.
El planteamiento cobra relevancia ante el aumento de problemas psicoemocionales como la ansiedad y la depresión, cuya atención representa uno de los principales desafíos para las instituciones públicas. De aprobarse, la reforma ampliaría el alcance jurídico del derecho a la salud y obligaría a considerar una visión integral en el diseño de políticas, programas y servicios estatales.
No obstante, el reconocimiento constitucional deberá acompañarse de presupuesto, personal especializado, infraestructura y mecanismos efectivos de atención. Sin estos elementos, la reforma podría quedar reducida a una declaración de principios sin efectos suficientes en la vida cotidiana de la población.
La segunda iniciativa propone reformar y adicionar diversos párrafos al artículo 130 Bis del Código Penal del Estado para responder con mayor severidad al acoso sexual cometido mediante tecnologías de la información.
El proyecto fue presentado por las diputadas Paola Moreno Córdova y Jimena Lasa, junto con el diputado Jorge Sanén, y contempla aumentar la pena hasta en una mitad cuando la conducta se realice por medio de redes sociales, aplicaciones de mensajería o cualquier otra plataforma digital.
La propuesta reconoce que el acoso ya no se limita a los espacios físicos. La posibilidad de contactar, intimidar, perseguir o enviar contenido sexual mediante dispositivos electrónicos ha ampliado el alcance de estas conductas y, en muchos casos, permite que la agresión continúe de manera permanente en la vida de las víctimas.
La reforma también prevé sanciones más estrictas cuando los responsables sean servidores públicos o docentes. En casos de reincidencia se plantea la destitución y la inhabilitación permanente, debido a la responsabilidad institucional y a la posición de confianza que desempeñan frente a la ciudadanía o al alumnado.
Asimismo, se propone establecer medidas inmediatas para impedir que las víctimas sean contactadas, amenazadas o intimidadas durante el desarrollo de las investigaciones. Este punto busca evitar que la violencia continúe después de presentada una denuncia y garantizar condiciones mínimas de protección.
Ambas iniciativas representan el inicio del proceso legislativo y todavía deberán ser analizadas en comisiones antes de someterse a discusión y eventual votación del pleno. Su lectura no implica que las reformas hayan sido aprobadas ni que actualmente se encuentren vigentes.
El debate permitirá conocer si el Congreso del Pueblo logra convertir estas propuestas en disposiciones claras, aplicables y acompañadas de mecanismos institucionales suficientes. El reto no será únicamente modificar la Constitución y el Código Penal, sino garantizar que las reformas se traduzcan en atención efectiva para quienes enfrentan problemas de salud mental y protección real para las víctimas de violencia digital.
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