Bogotá, Colombia.— El Gobierno de Colombia puso fin a la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, con lo que la ciudadanía podrá volver a solicitar autorizaciones individuales, siempre que cumpla los requisitos y controles establecidos por las autoridades.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, mediante el cual se modifica la política que restringía de manera general la expedición de estos permisos. La decisión no representa una autorización indiscriminada ni permite que cualquier persona pueda circular armada.
Cada solicitud deberá ser examinada por las instituciones competentes. Los permisos continuarán sujetos a evaluaciones, revisión de antecedentes, justificación de la necesidad y cumplimiento de las disposiciones aplicables.
El mandatario argumentó que la suspensión afectaba principalmente a los ciudadanos que pretendían sujetarse a la ley, mientras los grupos criminales mantenían el acceso ilegal a armamento. Su Gobierno plantea que la respuesta debe concentrarse en combatir el mercado clandestino y reforzar los controles sobre quienes soliciten una autorización.
Desde una perspectiva institucional, el desafío será garantizar que el nuevo esquema funcione con criterios estrictos, verificables y transparentes. La apertura de los trámites deberá acompañarse de supervisión permanente para impedir que los permisos sean utilizados de manera indebida.
Colombia se incorpora así a un grupo de países que permiten la portación civil bajo diferentes modalidades. Estados Unidos reconoce este derecho constitucionalmente, aunque admite restricciones; República Checa, Austria, Suiza y Sudáfrica exigen licencias o autorizaciones sometidas a procedimientos administrativos y controles policiales.
Las diferencias entre cada país son importantes. Algunas legislaciones reconocen la portación como un derecho sujeto a límites, mientras otras la consideran una autorización excepcional que el Estado puede conceder o negar.
En México, la Constitución reconoce la posibilidad de poseer determinadas armas dentro del domicilio para seguridad y legítima defensa. La portación en espacios públicos requiere una licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional y no debe confundirse con la simple posesión en casa.
La decisión colombiana abre una nueva etapa en su política de seguridad. Su resultado dependerá de la capacidad gubernamental para revisar cada solicitud, vigilar las autorizaciones concedidas y evitar que el cambio incremente la circulación irresponsable de armas.
El aspecto positivo de la medida radica en sustituir una prohibición general por un procedimiento individual sujeto a evaluación. Sin embargo, su legitimidad dependerá de que los controles sean reales y de que la protección de la vida permanezca como prioridad.
La seguridad ciudadana no se construye únicamente mediante permisos de portación. También requiere policías profesionales, investigación criminal, prevención de la violencia, instituciones confiables y una estrategia efectiva contra el tráfico ilegal de armas.
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