La aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, en uno de los episodios más controvertidos del narcotráfico reciente, se ha convertido en una atracción turística en Santa Teresa, Nuevo México, donde los visitantes pagan 15 dólares para conocerla y recorrer su interior.
Se trata del Beechcraft King Air 200 empleado el 25 de julio de 2024 para llevar al histórico líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense, en una operación que desde el inicio estuvo rodeada de versiones encontradas, dudas sobre su legalidad y cuestionamientos por la falta de información entregada a México.
La exhibición de la aeronave ha reavivado la polémica porque, mientras hoy cualquier turista puede ingresar pagando una cuota, la Fiscalía General de la República nunca tuvo acceso pleno para realizar los peritajes necesarios dentro de la investigación.
La FGR sostuvo que su personal acudió a Estados Unidos para practicar diligencias relacionadas con el avión, pero no pudo inspeccionarlo de manera integral, tomar fotografías ni recabar todos los indicios técnicos que consideraba indispensables para esclarecer cómo se realizó el traslado.
La dependencia mexicana también señaló que recibió información incompleta sobre la identificación de la aeronave, la ruta seguida y las personas involucradas en la operación, lo que dificultó reconstruir con precisión uno de los capítulos más delicados en la relación bilateral en materia de seguridad.
El caso cobró mayor relevancia después de que autoridades estadounidenses reconocieran la participación de sus agencias en el operativo que culminó con la entrega de Zambada, una versión que contrastó con las explicaciones iniciales ofrecidas tras su llegada a Estados Unidos.
La captura de “El Mayo” no solo modificó el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa, sino que detonó una nueva etapa de violencia entre facciones criminales que disputan el control de la organización y sus territorios.
Mientras en Estados Unidos el avión es mostrado como una pieza de interés histórico y genera ingresos mediante recorridos turísticos, en México permanecen sin respuesta preguntas centrales sobre la operación, la posible violación de la soberanía nacional y las restricciones impuestas a la FGR para examinar una evidencia clave.
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