CIUDAD DE MÉXICO.— La investigación federal sobre la presunta red de huachicol fiscal ferroviario vinculada con el exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel tomó un nuevo giro: la Fiscalía General de la República localizó documentación que, según la institución, podría revelar mecanismos de simulación utilizados para introducir y comercializar combustible de manera irregular.
El hallazgo coloca nuevamente bajo presión política a uno de los personajes históricos del PAN. Ruffo Appel no es una figura menor: fue el primer gobernador emanado de Acción Nacional en Baja California y uno de los políticos emblemáticos de la alternancia partidista en México.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que, como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se obtuvo de un juez federal una orden para catear dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
En esos espacios, agentes del Ministerio Público y peritos aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que, de acuerdo con la FGR, aportarían indicios sobre una presunta simulación realizada por integrantes de la estructura investigada.
Pero el descubrimiento podría tener consecuencias todavía mayores.
La Fiscalía señaló que también fueron encontrados documentos relacionados con otros posibles esquemas delictivos, circunstancia que abre nuevas líneas de investigación y amplía el alcance de un expediente originalmente concentrado en el presunto contrabando ferroviario de hidrocarburos.
En el centro de las indagatorias aparece Ingemar, empresa de la cual Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario y que las autoridades investigan por su posible utilización dentro del entramado de operaciones.
El caso tiene su origen en el aseguramiento, durante julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo contenido resultó ser hidrocarburo. A partir de ese episodio, las investigaciones federales comenzaron a reconstruir una presunta estructura que habría utilizado operaciones comerciales, empresas y mecanismos aduaneros para movilizar combustible.
La dimensión política del expediente es inevitable.
Ruffo Appel pasó de representar durante décadas uno de los símbolos históricos de Acción Nacional a enfrentar acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Su defensa ha combatido judicialmente distintas determinaciones y sostiene su inocencia. El proceso deberá resolverse en los tribunales y no mediante condenas políticas o mediáticas.
El expediente, sin embargo, continúa generando interrogantes.
La aparición de contratos, documentos corporativos y pedimentos aduanales representa ahora una nueva veta para los investigadores. La pregunta fundamental será hasta dónde conduce esa documentación y, particularmente, si permite identificar responsabilidades adicionales dentro y fuera de las empresas investigadas.
Porque una operación de contrabando de combustible de gran escala difícilmente puede analizarse únicamente desde sus operadores comerciales. El verdadero desafío para la FGR será determinar si existieron funcionarios, agentes aduanales, intermediarios financieros o servidores públicos que facilitaron, toleraron o protegieron las operaciones investigadas.
Ahí está la parte políticamente explosiva del caso.
Si la Fiscalía sostiene que se encontraba frente a una compleja estructura de huachicol fiscal, tendrá que seguir la ruta completa del combustible, pero también la ruta del dinero, los permisos, las importaciones y las posibles complicidades institucionales.
La investigación no puede convertirse en un juicio partidista ni utilizarse para fabricar culpables. Ruffo Appel y los demás señalados conservan plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Pero tampoco puede haber intocables.
Los documentos encontrados en las bodegas de la Ciudad de México abren una nueva puerta. Ahora corresponde a la FGR demostrar, con pruebas ante los tribunales, qué ocurrió, quiénes participaron y hasta dónde llegó una presunta red que podría exhibir que detrás del llamado huachicol fiscal no solamente había combustible, sino estructuras empresariales y eventuales conexiones institucionales.
El caso Ruffo Appel dejó de ser únicamente el expediente de un exgobernador. La pregunta que comienza a cobrar fuerza es mucho más incómoda: ¿hasta dónde llegará la investigación cuando se siga toda la cadena del negocio?
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