CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A petición del gobierno mexicano, la Interpol emitió ficha roja para localizar con fines de detención a Tomás Zerón de Lucio, quien fuera encargado de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
A Zerón de Lucio se le acusa de haber alterado las evidencias en torno a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
El exfuncionario, quién es buscado desde el pasado mes de marzo, huyó del país y tiene orden de detención, al igual que otros 45 servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, a quienes se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), dio a conocer este martes, que ayer solicitó ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales las 46 órdenes de aprehensión.
De acuerdo con Gertz, a los 46 exfuncionarios se les imputan delitos que no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la entonces PGR.
Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, Tomás Zerón, quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y una posible extradición.
Mencionó que apenas este lunes, la FGR también obtuvo la aprehensión de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso.
Gertz Manero expuso los antecedentes de este asunto:
Recordó que, en septiembre de 2014, la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas.
Luego, en 2019, la nueva Fiscalía, a través de la Fiscal Especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar.
Estos delitos son: la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas.
Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales las cuales han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos.
Incluso, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, los cuales fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación. Dijo que la FGR espera resultados de inmediato.
“Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho”.
La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondiente, será el Fiscal de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien hará una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial lo vaya permitiendo.
Para el fiscal Gertz Manero, “se acabó la verdad histórica”.
