Playa del Carmen, Quintana Roo.— En un operativo coordinado, autoridades detuvieron a seis personas —tres hombres y tres mujeres— por su probable participación en el delito de homicidio calificado, tras la ejecución de una mujer y un menor de edad registrada este 25 de diciembre en las inmediaciones del Centro de Reclusión Municipal de Playa del Carmen.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en una tienda cercana al penal, donde fueron atacadas con arma de fuego. La rápida reacción de la Policía Municipal permitió la captura inicial de Irvin Alexander “N” en el lugar; el resto de los implicados fue asegurado en acciones posteriores.
La principal línea de investigación apunta a una disputa entre grupos criminales rivales por el control del narcomenudeo en la zona. Como parte de la carpeta de investigación, fueron asegurados el vehículo utilizado para la huida y el arma presuntamente empleada en el ataque.
En paralelo, autoridades confirmaron que las víctimas eran la esposa y el hijo de Samuel Esteban “N”, alias “El Max” y/o “El Troyano”, jefe de la célula criminal “Los Compinch” de Tulum, actualmente recluido y enfrentando proceso penal por delitos de alto impacto. La mujer y el menor habían acudido a visitarlo cuando fueron interceptados y ejecutados a las afueras del penal, en un ataque directo y de alta precisión, característico de represalias del crimen organizado.
Tras las detonaciones, cuerpos de seguridad y emergencia acudieron al sitio; sin embargo, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada, mientras peritos criminalistas levantaron indicios balísticos y recabaron testimonios para robustecer la investigación.
La Fiscalía mantiene el caso bajo reserva, pero reiteró que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades, confirmar la participación de los detenidos y determinar posibles fallas en los protocolos de seguridad en el perímetro del centro de reclusión.
El doble homicidio reactiva las alertas sobre la violencia asociada al control criminal en la Riviera Maya y el riesgo colateral que enfrentan familias vinculadas —directa o indirectamente— a estructuras delictivas, en un contexto donde el narcomenudeo sigue marcando la agenda de sangre en la región.
