Alfredo V. Bonfil, Benito Juárez, Quintana Roo.— El conflicto por el cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 120/2019-V-1 sube de tono en el Ejido Alfredo V. Bonfil y su Anexo, luego de que CAPA negara de manera categórica cualquier acuerdo, convenio, compromiso o negociación extrajudicial relacionada con el pago que reclaman los ejidatarios.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado dejó claro que la sentencia se encuentra en vías de cumplimiento ante el Juzgado de Distrito competente y que cualquier actuación deberá realizarse dentro del expediente judicial, no en mesas oscuras, acuerdos privados ni arreglos por fuera.
El mensaje de CAPA pega directo en el centro del conflicto: no existe, hasta ahora, un avalúo firme, definitivo ni aprobado por la autoridad jurisdiccional que determine una cantidad líquida a pagar. Por eso, cualquier cifra que circule en medios, redes sociales, reuniones o declaraciones de terceros no puede considerarse monto oficial ni base final de indemnización.
La dependencia sostuvo que el eventual cálculo deberá realizarse conforme a la metodología del INDAABIN, tomando en cuenta la época jurídicamente relevante de la afectación y los parámetros técnicos de actualización correspondientes.
Mientras CAPA cierra la puerta a negociaciones externas, ejidatarias y ejidatarios de Bonfil denunciaron haber recibido amenazas en el contexto del proceso relacionado con el avalúo y la gestión encabezada por el Despacho de Abogados Cuevas.
Los inconformes anunciaron que llevarán estos señalamientos a la Asamblea convocada para el próximo domingo 5 de julio, donde exigirán explicaciones claras, documentos, cuentas y la ruta legal real del cumplimiento de la sentencia.
El reclamo más grave gira en torno a una presunta diferencia millonaria por metro cuadrado. De acuerdo con los ejidatarios inconformes, el avalúo estaría ubicado en 400 pesos por metro cuadrado; sin embargo, aseguran que el Despacho de Abogados Cuevas les estaría ofreciendo únicamente 90 pesos por metro cuadrado.
La pregunta que los ejidatarios pondrán sobre la mesa es inevitable:
¿Dónde quedarían los otros 310 pesos por metro cuadrado?
Esa diferencia, de confirmarse, abriría una discusión de fondo sobre transparencia, representación, honorarios, intermediación y rendición de cuentas frente al núcleo ejidal.
El nombre del abogado José Oswaldo Cuevas Pech también vuelve al debate público. En una publicación periodística de abril de 2010, fue mencionado como una de las víctimas rescatadas en un caso de secuestro en Valle Verde, junto con otro abogado y un comerciante, tras la detención de personas señaladas entonces como integrantes de “Los Zetas”. Ese antecedente no constituye imputación en su contra, pero forma parte del contexto público de un personaje hoy señalado por ejidatarios inconformes dentro de un proceso de alto impacto económico y social.
CAPA ya fijó postura: no reconoce cifras difundidas por terceros, no avala acuerdos extrajudiciales y sostiene que todo deberá pasar por el Juzgado de Distrito competente.
Ahora la presión está sobre quienes dicen representar a los ejidatarios.
La Asamblea del domingo no será una reunión cualquiera. Será el momento en que los ejidatarios exigirán saber quién negocia, con qué facultades, bajo qué documentos, cuánto vale realmente el metro cuadrado y por qué se les estaría ofreciendo una cantidad muy inferior a la que aseguran corresponde al avalúo.
Este medio buscará la postura del Despacho de Abogados Cuevas y dará seguimiento a cualquier denuncia formal que se presente ante la autoridad competente.
Porque cuando se habla de tierras ejidales, sentencias de amparo, indemnizaciones millonarias y amenazas, la transparencia no es opcional: es obligación.
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