San Francisco de Campeche, Q. Roo.— La detención de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por presunta posesión de estupefacientes abrió una crisis política que trasciende el ámbito judicial y apunta a un conflicto mayor: el control político de la máxima casa de estudios del estado.
Desde sectores universitarios y actores políticos se sostiene que el aseguramiento del rector no fue un hecho fortuito. La versión que circula con fuerza es que la droga habría sido sembrada para allanar el camino a su destitución y colocar a la universidad bajo la órbita directa del Ejecutivo estatal encabezado por Layda Sansores. La narrativa oficial no ha logrado disipar las dudas.
El operativo policiaco, ejecutado tras un reporte anónimo y culminado con el hallazgo de una cantidad mínima de narcóticos en una camioneta institucional, resultó suficiente para detonar un proceso político inmediato dentro de la universidad. Para la comunidad académica, el “timing” es revelador: la detención ocurre en medio de tensiones abiertas entre el rectorado y el gobierno estatal por la defensa de la autonomía universitaria y la resistencia a injerencias externas.
Consejeros universitarios y docentes advierten que el caso fue usado como palanca para forzar sesiones extraordinarias y promover la salida del rector, maniobra que califican como una intromisión directa del poder político en la vida interna de la institución. El mensaje, señalan, es claro: quien no se alinea, cae.
La hipótesis del sembrado de droga no surge en el vacío. Se alimenta del contexto de confrontación previa, de la rapidez con la que se activaron los mecanismos para remover al rector y de la ausencia de una explicación convincente sobre cómo apareció la sustancia en un vehículo oficial sin antecedentes ni señalamientos previos contra su conductor.
Más allá de la situación jurídica de Abud Flores, el episodio expone un riesgo mayor: la normalización del uso de la fuerza pública y del aparato penal como herramientas de control político. Si se consolida la destitución bajo estas circunstancias, la autonomía universitaria en Campeche quedará seriamente comprometida y sentará un precedente peligroso para otras instituciones públicas.
Lo que está en juego no es solo el destino de un rector, sino la línea que separa el ejercicio del poder de la persecución política. En Campeche, esa línea hoy aparece peligrosamente difusa.
