Escuché con atención lo dicho por el delegado de la Cruz Roja en Quintana Roo, Carlos Constandse Madrazo, que este año la institución altruista necesita más de 42 millones de pesos para operar; por eso solicitó el apoyo de la ciudadanía porque ha repuntado el número de servicios a consecuencia de la inseguridad.
Aunque en todo el estado se requiere de los servicios de la Benemérita institución en Cancún las atenciones paramédicas han incrementado principalmente por la violencia de la zona, lo que implica mayores costos de movilidad y de insumos, además de nuevos protocolos de atención, aunado a la demanda de más unidades.
Al margen de los delitos de alto impacto, la Cruz Roja atiende todo llamado de auxilio de la población, en 2018 fueron cerca de 15 mil servicios que prestó; por eso el gasto en combustible, personal, materiales de curación, traslados entre otros factores que implican inversión.
Pero no solo la Cruz Roja sufre los costos de la inseguridad, sino también el Hospital General en cada municipio, pues ahí es donde son trasladados los y las heridos, quienes son atendidos por personal médico, ocupan una cama, usan quirófano y todo tipo de material de curación; sumado a la gran demanda de los pacientes que llegan por otras causas, no solo de Benito Juárez, sino también de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.
Otra institución que también requiere de mayor presupuesto para operar, por los hechos de violencia, es la Fiscalía General del Estado, en su dependencia del Servicio Médico Forense, pues para hacer las cientos de autopsias se requiere de personal, insumos y cámaras de refrigeración para poder tener los cuerpos sin que se descompongan. Luego entonces, cuando las víctimas no son reclamadas por alguna persona, pues tienen que ir a dar a la fosa común, que también implica gastos para la Fiscalía.
Pero hay un efecto en la colectividad, que tiene que ver con la percepción ciudadana sobre la inseguridad y la pasividad de los tres niveles de gobiernos por resolver la situación. La sociedad está convulsionada, incrédula y, sobre todo, desconfiada con los gobernantes, todo porque no hay un alto a la inseguridad.
Si bien es cierto que las propuestas de corto plazo y ancladas únicamente en las sanciones o control, no serán efectivas para disminuir el problema social y político que significa la delincuencia, como tampoco la fue la agenda corta antidelicuencia impulsada en el gobierno anterior, pero tenían el control.
SASCAB
A principios de este año, el gobierno del estado solicitaba 450 millones de pesos para el combate a la arribazón del sargazo; tres meses después ahora quieren 800 millones de pesos. Lo incorrecto no es la cantidad de dinero, sino el uso del mismo; no hay una estrategia eficaz para evitar que el alga llegue a las costas quintanarroenses.
