Hace dos años, los quintanarroenses nos sentíamos bien representados en el Congreso Local, por todos los medios (aún “comprando” legisladores) se echó abajo lo que se calificó como el “paquete de impunidad borgista”, una serie de reformas hechas al vapor dos meses antes que Roberto Borge Angulo dejara el cargo de gobernador del estado.
La reformas que se revirtieron tenían que ver con el número de escoltas asignados a exfuncionarios estatales, que crecía de seis a 15; las del Código Penal del estado en las que se disminuían los castigos a delitos que involucraran a funcionarios, entre ellas las conductas de administración fraudulenta y tráfico de influencias.
En aquel entonces, también se echó para atrás la modificación a los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, así como el aumento de nueve a 12 en el número de magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, y reducir de seis a cinco años la temporalidad en el cargo de la figura de presidente, sin derecho a reelegirse.
Creímos en un Congreso que se manejaría con transparencia, apegado a derecho, pues llegó con el gobierno del cambio. Hoy, a dos años, la sociedad se da cuenta que lo que tanto fue criticado por los actuales diputados (como que el Legislativo está supeditado al Ejecutivo y que debería existir una respetuosa relación entre poderes), se repite en la XV Legislatura, pues en la sesión del miércoles 10 de octubre, 21 de los 25 integrantes del Poder Legislativo votaron a favor de la reforma a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para modificar el Capítulo IV. “De la Fiscalía General del Estado” en su fracción II, que señala que para ser Fiscal se debería cumplir el requisito de “Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación”, del Artículo 96; los diputados proponen que la residencia no sea un requisito necesario.
Considero que por parte de los legisladores necesitamos una explicación, que nos digan el beneficio que trae esta reforma constitucional, si es porque el cargo amerita que lleguen personas con mayores capacidades que las que habitamos en el Quintana Roo; o quizá se trata de proteger a los profesionistas en derecho al ponerlos en un cargo como Fiscal General. Si no hay explicación, seguirán los rumores que el Ejecutivo Estatal es el que manda en el Legislativo.
SASCAB
La expresidente municipal y ahora regidora de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado revela que se enfrentó a un machismo en la zona, para poder participar en política, por eso es que tanto Valfre Cetz Cen y Gabriel Carballo Tadeo operaron contra ella en la elección pasada.. Era un frente claro y abierto, un Todos Unidos contra Paoly Perera.
Para los que no lo saben, Paoly Perera cuenta con un posgrado en principios de Derecho y una maestría en Innovación y Tecnología educativa, se convirtió en la primera presidenta municipal del corazón maya de Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto. No se equivoca el gobernador al proponerle la representación del estado en ese municipio.
